Los datos de este primer semestre, comparados con los primeros semestres de 2018 y 2019, surgen del informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad
Como consecuencia de la cuarentena ante la pandemia de coronavirus, en la Justicia federal se iniciaron un 49 por ciento menos de causa por narcotráfico en todo el país en comparación con los primeros semestres de 2018 y 2019.
El dato surge de un informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad en el que se indicó que durante los primeros seis meses de este 2020 se abrieron un total de 4.749 expedientes en los diferentes juzgados federales de todo el país.
Del total de las causas iniciadas, el 45 por ciento es por comercio o tenencia de estupefacientes o de su materia prima, para comercialización, almacenamiento o transporte; mientras que el 29 por ciento son de tenencia para consumo personal; y el 4 por ciento corresponde a personas que venden semillas o producen los estupefacientes.
«Es posible afirmar que la circunstancia excepcional que ha significado la pandemia y las medidas sanitarias tomadas para contenerla han impactado en el despliegue de la persecución penal del fenómeno narcocriminal», indicó la Procuraduría en el informe publicado por el portal Fiscales.gob.ar.
En el relevamiento que fue elaborado en base al registro que las fiscalías federales de todo el territorio nacional realizan en el sistema de gestión informático Coirón, se señaló que «cobra especial relevancia en este análisis la menor cantidad de causas iniciadas por tenencia para consumo personal y tenencia simple que pueden explicarse por la vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio, al igual que las causas de comercio al menudeo», una tendencia que «se ha ido normalizando a medida que las medidas sanitarias se han ido flexibilizando». Una de las jurisdicciones en las que se ha visto un menor impacto es la que integran Salta y Jujuy.
En el informe se destaca la necesidad de «reflexionar sobre el grado de eficacia y eficiencia de la persecución penal en materia de drogas», puesto que «en un gran porcentaje de las causas por estupefacientes que tramitan en la justicia federal se investigan delitos de tenencia simple (10 por ciento) o para consumo personal (29 por ciento) y esta tendencia se repite en la mayoría de las provincias».
«El análisis de esta circunstancia evidencia que una parte importante de los recursos de las fuerzas de seguridad terminan estando destinados a la criminalización de las personas consumidoras de este tipo de sustancias, manteniendo así la inercial selectividad del sistema penal», manifiesta el organismo en el informe, y remarca que esto ocurre a diez años del fallo en el caso «Arriola» de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el que se declaró la inconstitucionalidad de la persecución penal de la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
El informe sólo incluye los datos del sistema federal, lo cual implica que en este trabajo no se ven reflejados una porción importante de los números de las provincias que adhirieron a la ley de desfederalización (Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires).
En tanto, en el trabajo también se mencionó la estadística de 2018 que muestra que en todo ese año se iniciaron 22.438 causas, de las cuales 10.732 corresponden al primer semestre, mientras que en 2019 el número descendió a 14.612, con 8168 correspondientes a la primera mitad de ese año.