La premio Nobel de la Paz fue procesada por violar una ley de telecomunicaciones y por "incitación al desorden público"
La líder de Myanmar Aung San Suu Kyi, ya procesada por violar normas comerciales y sanitarias, fue acusada este lunes de otros dos delitos, mientras el país sigue bajo tensión tras la jornada de represión más mortífera desde el golpe de Estado del mes pasado.
La premio Nobel de la Paz participó de una audiencia judicial por videoconferencia y fue procesada por violar una ley de telecomunicaciones y por «incitación al desorden público», dijo su abogado Nay Tu a la agencia de noticias AFP. Suu Kyi, de 75 años, derrocada por los militares, ya había sido acusada de importar ilegalmente walkie-talkies y de incumplir las restricciones por el coronavirus, unos motivos considerados extravagantes por los observadores internacionales.
Incomunicada desde su detención, estaba «al parecer en buen estado de salud», dijo su abogado principal, Khin Maung Zaw, que vio a su cliente por videoconferencia por primera vez y aún no se le ha permitido reunirse con ella. El 15 de marzo está prevista una nueva vista.
Las nuevas acusaciones se producen al día siguiente de una jornada de represión particularmente sangrienta. Al menos 18 personas murieron el domingo, según Naciones Unidas, basándose en «información creíble». A pesar del temor a las represalias, los manifestantes volvieron a salir hoy a la calle.
Cerca de la tristemente célebre prisión de Insein, en Yangón, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes que protestaban por las detenciones del día anterior, según una transmisión en directo en las redes sociales. Por el momento no fue posible determinar si los disparos se realizaron con munición real o con balas de goma. «Estamos unidos», coreaban los manifestantes.
En otras partes de la capital económica, algunos manifestantes levantaron barricadas improvisadas con maderas, sofás o palos de bambú para protegerse. La policía disparó balas de goma en un intento de dispersar a algunos de ellos, según medios locales, que señalan que hubo varios heridos.
Tras casi un mes de movilización prodemocrática con manifestaciones diarias y una campaña de desobediencia civil, la respuesta de las autoridades fue especialmente sangrienta el domingo. Tres manifestantes murieron en Dawei, en el sur del país, tras haber sido blanco de «munición real», según un socorrista.
Los residentes salieron a las calles de la ciudad costera el lunes por la mañana para depositar flores rojas y encender velas frente a los retratos de las víctimas. «El ejército birmano es una organización terrorista», afirmó el destacado activista Thinzar Shunlei Yi en Facebook. Medios estatales advirtieron ayer que «inevitablemente se tomarán medidas severas» contra las «multitudes anárquicas».
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero murieron unos 30 manifestantes, según AAPP, una ONG que asiste a los presos políticos. El Ejército afirma que un policía fue asesinado cuando intentaba disolver una manifestación. El uso de armas letales por parte de la Policía y el Ejército contra manifestaciones mayoritariamente pacíficas ha provocado una nueva ola de protestas internacionales.
El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condenó en Twitter la «abominable violencia de las fuerzas de seguridad birmanas». «El uso de la fuerza letal (…) y las detenciones arbitrarias son inaceptables», dijo por su parte el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
El embajador birmano ante la ONU, Kyaw Moe Tun, había roto con los generales golpistas unos días antes, pidiendo el «fin del golpe militar» y «devolver el poder del Estado al pueblo». Fue destituido por la junta.
Las numerosas protestas internacionales y el anuncio de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea no consiguieron hasta ahora influir en los militares. Mientras, las olas de detenciones continúan. Más de 1.100 personas fueron detenidas, acusadas o condenadas desde el golpe, según la AAPP. Un medio oficial informó de 571 detenciones solo ayer.