Salai Maung Taing San, conocido como Dr Sasa, había sido nombrado por el gobierno civil
La junta militar de Myanmar (antigua Birmania) acusó de traición, un delito castigado con la muerte bajo la ley marcial, al enviado especial para la ONU nombrado por un legislativo paralelo, mientras la represión contra los manifestantes no cede y continua creciendo la presión internacional contra el gobierno de facto.
Salai Maung Taing San, conocido como Dr Sasa, fue nombrado por el Comité de Representantes de la Asamblea de la Unión (CRPH), que agrupa a parte de los diputados electos en los comicios de noviembre y que no pudieron asumir formalmente sus escaños por el golpe de Estado del 1 de febrero.
Un tribunal birmano emitió esta semana una orden de arresto contra el político a pedido del Ejército, por alentar una campaña de desobediencia civil, pedir sanciones internacionales e instar al derrocamiento de los militares, según informó el servicio público de noticias alemán Deutsche Welle.
En un comunicado posterior, Dr Sasa, quien se encuentra fuera del país, aseguró que se mantendrá «junto al pueblo birmano» y que dará su vida por «la libertad, la democracia y la justicia», tras denunciar que los militares llevan décadas cometiendo delitos como «la tortura, trabajos forzados, intimidación, violaciones y asesinatos» contra el pueblo.
Más de 200 personas murieron, al menos dos de ellas ayer -según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) publicados hoy- durante la feroz represión desatada por el Ejército contra las manifestaciones en rechazo al golpe que depuso a Aung San Suu Kyi, perpetrado por el Ejército que ya gobernó el país con puño de hierro entre 1962 y 2011. «Acudiremos a los tribunales internacionales para lograr de una vez por todas justicia para el pueblo de Birmania», sentenció el enviado especial.
Por su parte, 488 organizaciones de la sociedad civil de Myanmar expresaron su «profunda decepción con la falta de acción del Consejo de Seguridad de la ONU», por no denunciar en la reunión del 10 de marzo el golpe de Estado protagonizado por los militares o hablar de posibles respuestas al mismo.
Las ONGs condenaron la posición de China, Rusia, India y Vietnam, miembros del actual consejo, que se opusieron a que la ONU tomara una postura más firme contra el sublevamiento militar. Hoy, el Ejército volvió a reprimir las manifestaciones en un municipio industrial de Yangón, la capital económica del país, donde incendiaron varias viviendas y se escuchaban disparos.
«Escuchamos disparos continuamente», dijo citado por la agencia de noticias AFP un residente del municipio de Hlaing Tharyar, en el oeste de Yangón, uno de los bastiones de la oposición al golpe de militar.
El papa Francisco también pidió «de rodillas» que cese «la violencia» en el país asiático, tal como lo hizo hace unos días una monja en las calles birmanas al enfrentarse arrodillada a los militares para que dejaran de disparar contra los niños.
«Una vez más y con tanta tristeza siento la urgencia de evocar la dramática situación de Myanmar, donde tantas personas, especialmente jóvenes, están perdiendo la vida para ofrecer esperanza a su país», dijo el pontífice al término de la audiencia general de los miércoles.
Ayer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó «enérgicamente esta violencia en curso contra manifestantes pacíficos y la continua violación de los derechos humanos fundamentales del pueblo de Myanmar». Ese mismo día, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, acusó al Ejército birmano de reprimir «brutalmente» a los manifestantes que protestan contra el golpe de Estado.