La presidenta de Bolivia decidió postergar los comisios, previstos para septiembre, será desarrollados en octubre
Bolivia vivió el martes una jornada de masivas protestas opositoras en demanda de la celebración de elecciones en septiembre, sin más demoras, lo que fue repudiado por el gobierno de facto que calificó las manifestaciones como»irresponsables» en plena pandemia de coronavirus. Y este miércoles, el oficialismo interpuso una nueva denuncia contra el expresidente Evo Morales, esta vez con la acusación de «instigar las protestas» que inundaron las calles.
Las marchas fueron especialmente numerosas en ciudades como El Alto y Cochabamba, bastiones del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera todas las encuestas, pese a que el Gobierno de facto sostuvo que apenas tuvieron repercusión en la vida diaria.
Las protestas fueron convocadas por organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), en rechazo al anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de un nuevo aplazamiento de los comicios -del 6 de septiembre al 18 de octubre- para garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a los crecientes casos de Covid-19.
La denuncia es contra Morales, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi; la diputada Betty Yañíquez, como jefa de bancada parlamentaria del Movimiento Al Socialismo (MAS), y todos aquellos posibles «cómplices, coautores y encubridores», afirmó Núñez ante los medios en La Paz.
El Alto, la segunda mayor ciudad del país con cerca de un millón de habitantes, fue escenario de una marcha con pancartas de la COB, de organizaciones de mineros llegadas de otras partes del país y de distintos colectivos, con un ataúd de cartón y un muñeco representando a la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
Cochabamba, otras de las principales ciudades del país con más de 600.000 habitantes, también fue escenario de una marcha con consignas como: «Si no hay paz para el pueblo, no habrá paz para el Gobierno de facto», reseñaron medios locales y la agencia de noticias EFE.
Varios miembros del Gobierno coincidieron en sostener que las protestas apuntan a desgastar la ya deteriorada figura de la mandataria de facto y candidata presidencial.
El ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, dijo a los medios en La Paz que las marchas incumplieron medidas de cuarentena como el distanciamiento social y el uso de tapabocas, por lo que advirtió que podrían ser acusados de delitos contra la salud pública. «Bolivia atraviesa una escalada de violencia armada, preparada y financiada por Evo Morales», acusó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, citado por la agencia de noticias EFE.
Además aseguró que el MAS estuvo detrás de las manifestaciones.
Las protestas generaron distintas reacciones desde el ámbito político, tanto de rechazo por celebrarse pese a estar prohibidos actos sociales como a favor, sosteniendo que la pandemia no es escusa para demorar indefinidamente la cita electoral.
El TSE anunció la semana pasada que los comicios se retrasan a octubre para facilitar la votación con menor riesgo de contagios, pues a principios de septiembre la curva de positivos podría estar aún en aumento y con mayores medidas de bioseguridad contra el nuevo patógeno.
Las elecciones ya se habían pospuesto de mayo a septiembre por la emergencia sanitaria en el país, que acumula 2.647 fallecidos y 71.181 casos confirmados de la enfermedad entre sus once millones y medio de habitantes, lo que sitúa a Bolivia como uno de los países más afectados del mundo comparado con su población.
Los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes en Bolivia desde que se anularon los de octubre del año pasado, en los que Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido, entre denuncias de fraude que están bajo investigación judicial y que el ex gobernante indígena siempre rechazó.
Tras la crisis desatada por esos comicios y en medio de presiones policiales y militares, Morales denunció que fue forzado a dejar el poder por un golpe de Estado. Abandonó el país y, desde entonces, intenta que el MAS vuelva a ganar en las urnas desde el exilio en Argentina.
Este mes aseguró que la nueva postergación de las elecciones es inconstitucional porque no lo decidió la Asamblea Legislativa, donde el MAS conserva sus mayorías, y acusó al Gobierno de facto de Áñez de intentar perpetuarse en el poder y proscribir a su partido.