El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, ratificó este jueves sus objeciones a un proyecto de ley de Bolivia sobre reciprocidad en la atención sanitaria a residentes extranjeros, al celebrar la aprobación de la normativa jujeña que fija el cobro del seguro de salud a personas de otras nacionalidades.
La normativa aprobada anoche por la Legislatura jujeña «permitirá avanzar en convenios de reciprocidad con países de la región», luego de que el año pasado el sistema sanitario de la provincia atendiera a «casi 50 mil consultas» de personas de otras nacionalidades, apuntó.
Acerca de la polémica con Bolivia por las atenciones en salud, señaló que hará un “enfático reclamo” para que se modifique un artículo del proyecto de ley que analiza el Congreso boliviano, por considerar que no satisface las condiciones de reciprocidad que plantea Jujuy, asunto por el que prevé tener una reunión con el canciller Jorge Faurie.
Dijo que está «dialogando” con las autoridades del país vecino y anunció que probablemente el 22 de febrero pueda concretarse una reunión en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.
“Casualmente Bolivia ha comenzado a tratar un seguro universal de salud, gratuito que está en debate en las comisiones de salud y educación”, comentó el mandatario jujeño a la radio Mitre.
El artículo que cuestiona Morales es el quinto (inciso B) porque “excluye a los extranjeros en tránsito de la atención gratuita y esto confirma lo que ha pasado con Manuel Vilca”, el jujeño que estuvo internado 45 días en el vecino país a raíz de un accidente de tránsito y tuvo que pagar por su internación hasta que fue regresado a la provincia el 30 de enero.
El gobernador advirtió que si se aprueba el proyecto «como está y como pretende» el presidente de Bolivia, Evo Morales, «queda afuera todo extranjero en tránsito», mientras que los extranjeros residentes «tendrán atención gratuita en el sistema público de salud solo los que sean de países que tengan convenio de reciprocidad, lo que Bolivia se niega a firmar con nosotros”.
Ese proyecto además “tiene la restricción de que aquellos que tengan obra social no pueden ser atendidos (en el sistema público)», remarcó.
La ley 6.116 aprobada por la legislatura jujeña «nos faculta a través de Cancillería y organismos competentes a suscribir convenios de reciprocidad con los países extranjeros, en particular de la región”, apuntó.
Esa ley establece «el régimen jurídico aplicable para garantizar la prestación del servicio público provincial de salud a extranjeros que permanezcan de forma transitoria» en Jujuy, explicó.
Morales afirmó que el año pasado se atendieron en Jujuy «casi 50.000 consultas» de extranjeros no residentes, entre ellas las de «133 personas con tratamientos oncológicos con la droga que cuesta 80.000 pesos por mes y es de seis meses».
«Cada tratamiento nos cuesta alrededor de 500.000 pesos”, subrayó.
«Sin contar los gastos oncológicos que es el mayor y que puede rondar los 90 millones de pesos, hemos gastado 47 millones» en 2018, puntualizó Morales.