El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que el Poder Ejecutivo no tiene antecedentes de suspender por decreto una norma ya vigente
El reciente decreto del presidente Javier Milei que suspende la aplicación de la ley de financiamiento a la Discapacidad, aprobada por el Congreso y promulgada tras superar un veto previo, desató una fuerte polémica. El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez aseguró que la decisión es “inconstitucional” y no tiene antecedentes en la jurisprudencia argentina.
“Estamos ante un doble veto inventado por el Ejecutivo. Milei está diciendo que no le importan las leyes vigentes de la República Argentina”, sostuvo en declaraciones a LT3. Para el especialista, el decreto desconoce abiertamente el principio de división de poderes y representa un paso más hacia un modelo “autocrático” que margina al Congreso de su rol constitucional.
Gil Domínguez subrayó que el Ejecutivo no solo carece de potestad para suspender una norma ya sancionada, sino que además podría incurrir en delitos como abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. “La obligación del presidente es ejecutar las leyes, no desobedecerlas”, señaló.
Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para justificar la medida es la supuesta falta de recursos. Sin embargo, el constitucionalista recordó que el artículo 19 de la propia ley faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias, con la única condición de no afectar el gasto social. “No hay un vacío legal en materia de financiamiento. Lo que hay es una decisión política de no aplicar la norma”, remarcó.
El especialista advirtió además que la gravedad de la decisión es doble: por un lado, porque implica un atropello institucional sin precedentes; por otro, porque golpea directamente a un colectivo especialmente vulnerable, como lo son las personas con discapacidad.
“La ley atravesó dos veces el Congreso y superó un veto presidencial. Como no había margen para declararla inaplicable, el Ejecutivo inventó este mecanismo de suspensión que la Constitución no permite. Es un hecho gravísimo que abre la puerta a responsabilidades judiciales, políticas y penales”, concluyó Gil Domínguez.