La Justicia investiga si los ex funcionarios nacionales favorecían a grupos de empresas privadas conocidas por ellos
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó este viernes a la ex vicepresidenta, Gabriela MIchetti, y al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros, por la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.
Di Lello sostuvo que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos para que produjeran material publicitario.
Los hechos denunciados «demostrarían la existencia de una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales».
La denuncia, a la que ahora Di Lello le dio impulso, había sido presentada la semana pasada por la procuraduría especializada en investigar hechos de corrupción, la PIA, que solicitó que «se investiguen distintas contrataciones que llevó adelante la Jefatura de Gabinete de Ministros en el período 2016-2019, que fueron adjudicadas sin concurso a Aura Advertising SA, La Comunidad SA, Circus BA SA y Power República SA.»
La presentación judicial había caído por sorteo en manos del juez Marcelo Martinez de Giorgi y apunta a que se investiguen supuestos hechos de «negociaciones incompatibles con la función pública, previstos en el artículo 265 del Código Penal, aunque no se descarta la posible concurrencia de otras figuras penales», mientras que entre los imputados se encuentra también el ex secretario de Comunicación Pública del gobierno de Macri, Jorge Grecco.
Entre los hechos a investigar, se enfocaron supuestos contratos irregulares de publicidad oficial suscritos desde el gobierno de Mauricio Macri con empresas que habían participado en la elaboración de sus publicidades de campaña.
Las empresas beneficiadas «serían las mismas que participaron en el desarrollo de las campañas publicitarias de la coalición política Cambiemos en el marco de la contienda electoral» que llevó a Macri a la Presidencia de la Nación, en el año 2015, se había detallado en la denuncia.
Las mismas empresas «habrían sido las encargadas de desarrollar la publicidad oficial de otros distritos gobernados por el mismo signo político, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Vicente López», puntualizó
Para lograr tal cometido, se indicó en la denuncia, «los funcionarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros impulsaron la modificación del decreto 984/2009, el cual otorgaba exclusividad a Télam SE en el desarrollo de la publicidad oficial».
Ello fue logrado a través del dictado del decreto número 978/2016, que fue suscripto por la entonces vicepresidenta Marta Gabriela Michetti (a cargo del Poder Ejecutivo Nacional), motivo por el cual también se encuentra comprendida en la denuncia.
La PIA sostuvo que las contrataciones se habrían adjudicado de modo directo, sin concurso de precios y sin permitir la competencia de otras empresas que pudieran mostrarse interesadas y -eventualmente- ofrecer el cumplimiento de las prestaciones por un monto más beneficioso para el Estado.
También se observaron pagos realizados por el Estado a las mismas empresas, sin la celebración previa de un contrato y en clara violación a la normativa de contrataciones públicas, lo que para los denunciantes implicaría que se les habría pagado desde el Estado por las campañas publicitarias que habían realizado antes, según pudo saber Télam.
Las contrataciones cuestionadas habrían significado la erogación de, cuanto menos, 291.000.000 pesos provenientes del erario público, según el cálculo de la propia Procuraduría de Investigaciones Administrativas.