La Caravana Migrante compuesta por miles de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos reanudó este domingo su marcha, tras pernoctar en un estadio de Querétaro, en el centro de México. Mientras tanto, el gobierno del país aclaró que «no ha aceptado» ningún tipo de acuerdo con la nación vecina acerca de su política de refugio y asilo.
Los migrantes, a los que el gobierno de Querétaro -a unos 220 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México- estimó en más de 5.000, pasaron la noche en el estadio La Corregidora. Esta madrugada partieron de allí con rumbo a Irapuato, a unos 113 kilómetros al noroeste, próxima escala del tránsito que tiene como destino Tijuana, en el extremo noroccidental del país.
El contingente, integrado principalmente por hondureños, partió el 13 de octubre pasado de San Pedro Sula, en Honduras, y seis días después ingresó en territorio mexicano. Se trata de la primera de tres caravanas que realizan un trayecto similar. La segunda partió este domingo de Veracruz hacia Puebla, en el centro del país, y la tercera recorría el estado sureño Oaxaca.
En tanto, México subrayó que «no ha aceptado de manera verbal o escrita algún acuerdo sobre cooperación en materia de procesamiento de solicitudes de refugio o asilo» con Estados Unidos.
«México reitera que la política migratoria de nuestro país es definida de manera soberana con base en nuestros propios intereses», advirtió un comunicado divulgado anoche por su cancillería.
La administración del presidente Enrique Peña Nieto respondió de ese modo a un decreto firmado el jueves pasado por su colega de Estados Unidos, Donald Trump, que restringe las posibilidades de solicitar asilo en la frontera con México.
De acuerdo con el decreto, esa limitación tendrá vigencia durante 90 días prorrogables o hasta que se firme un acuerdo con México para deportar a este último país a quienes ingresen ilegalmente en Estados Unidos.
La cancillería mexicana sostuvo en la nota que la caravana «es un fenómeno humanitario inédito que requiere del trabajo conjunto de todos los países de la región» y al que debe responderse «de manera integral y con una perspectiva de derechos humanos».