Los datos surgen de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes. El 74% de los registrados tuvieron una sola causa
Los varones que tienen entre 16 y 17 años son los que integran el grupo mayoritario de menores con causas judiciales, según un informe que presentó este lunes la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el que se destaca que, de los 1.593 casos registrados en 2019, el 74,3% tuvo una sola causa.
Los datos surgen de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), a cargo de la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Elena Highton de Nolasco, en base a la información recopilada entre enero y diciembre de 2019.
De este informe se desprende que de 1.593 intervenciones judiciales sobre menores que se realizaron el año pasado, la mayor parte de los involucrados fueron varones de entre 16 y 17 años.
«La mayor parte de las intervenciones corresponden a niños o adolescentes varones (87,6%), mientras el restante 12,4% corresponde a niñas o adolescentes mujeres. Asimismo, el rango etario (al momento del hecho) donde se presentan la mayor parte de las intervenciones corresponde a los 16 y los 17 años«, especificó el documento.
Además, agrega que los delitos más comunes son contra la propiedad -distintos tipos de robo- (89,4%), y, en menor medida, contra la administración pública (4,8%), las personas (2,1%), la seguridad pública (1,6%) la integridad sexual (1,1%), la fe pública (0,5%), la libertad (0,2%) y el orden público (0,2%).
Consultada la vicepresidenta de la CSJN sobre los principales desafíos que se desprenden a partir de la confección de la Base General de Datos, Highton de Nolasco recordó a Télam que “la implementación de un sistema informático seguro posibilitó obtener información registrada de causas judiciales para facilitar la toma de decisiones tendientes a asegurar el bienestar de los menores de edad involucrados”.
“Este caudal de datos, año tras año, es procesado y minuciosamente controlado para lograr estadísticas judiciales que puedan ser objeto de estudio y análisis a los fines de elaborar políticas públicas que contemplen el resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Sobre las conclusiones más relevantes, consideró que “un desafío a futuro es que se agreguen datos de otros juzgados, además del fuero penal y federal de la Capital, y lograr información más completa con el aporte de las provincias, en miras a crear un mapa judicial con estadísticas nacionales sobre el tema”, explicó.
El informe también destacó que en el 23,8% de las causas con intervenciones iniciadas en 2019 existe más de un niño, niña o adolescente involucrado lo que resulta, en comparación con 2018 (21,5%), moderadamente superior.
No obstante, la mayoría tuvo solo una causa en 2019 (74,3%); en menor medida, de dos a cinco causas (22,6%) y, en último lugar, más de seis causas (3,1%).
De los 1.593 casos, la mayoría manifestó convivir con algún integrante de la familia (con la madre el 41,1%, con padre y madre el 20,6; con otro familiar 6,3 y con el padre 6,2%.) mientras que el 2,4% se encontraba en situación de calle y el 0.5 aseguró que vivían solos.
El 52,6% tiene residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 34% en Provincia de Buenos Aires (específicamente el conurbano bonaerense) y apenas un 0,12% no cuenta con residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sobre un 13,3% se desconoce su lugar de residencia o no fue registrado en el sistema.
Sobre las medidas, el informe advirtió que durante 2019 los juzgados nacionales y tribunales orales de menores dispusieron privación de la libertad y/o alojamiento en instituciones sobre 164 niñas, niños y adolescentes lo que representa alrededor del 10% del total con intervenciones iniciadas el año pasado.
Sobre esto último, el documento indica que “los datos de 2019 continúan la tendencia progresiva de baja” en la cantidad de niños, niñas y adolescentes sobre los cuales se disponen medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, hecho que tildaron “congruente” con los preceptos emanados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño/a y Adolescente.
En este último relevamiento, del total con medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, más del 91% tenían 16 o 17 años al momento del hecho; mientras que nueve tenían 13, 14 o 15 y los cinco mayores de 18 años corresponden a jóvenes que al momento del hecho manifestaron ser menores de edad y luego se corroboró que eran mayores.