Por José Calero. Jefe de Economía de la agencia NA.
Con más de 450 mil empleos perdidos en los primeros cinco meses del año y una caída del 12,5% proyectada para el Producto Bruto en 2020, el Gobierno deberá intensificar las políticas de reactivación en los próximos meses para evitar que la depresión económica se cristalice en la Argentina.
Uno de los ejes de ese intento de reactivar pasará por la construcción, como lo confirma el relanzamiento en estos días del plan Procrear.
La construcción es el sector que más empleos perdió en medio de la pandemia, con una caída del 28,5% en los primeros cinco meses del año.
También suele ser el sector con mayor capacidad de recuperación, lo cual es una ventaja que el gobierno parece dispuesto a aprovechar.
A esto se suma el complejo escenario financiero: la renegociación de deuda externa permitirá achicar vencimientos de u$s 42.500 millones en los próximos cinco años con el sector privado, según las estimaciones del equipo económico.
Lo que viene ahora será la negociación con el FMI, por una deuda que ya incluyó desembolsos por u$s 44.000 millones.
El Fondo era uno de los principales interesados en que la Argentina obtuviese el mejor acuerdo posible con los grandes fondos de inversión.
Es que cuanto más descuento pudiese obtener el país de los grandes acreedores, mejor posicionada dejaría la billetera para la negociación con el organismo multilateral.
El programa stand-by firmado en 2018 por u$s 57.000 millones fue un intento desesperado de Mauricio Macri para evitar que terminara de volar por los aires el esquema fallido que intentó imponer su administración, y que iba camino de una megadevaluación en un año electoral.
Los pagos con el FMI comienzan a vencer en septiembre de este año, pero las mayores exigencias se producirán en 2022 y 2023, cuando se deberá hacer frente a casi u$s 20.000 millones, un objetivo imposible.
Menos exigente, pero también bajo necesidad de solución, en 2021 el país debe hacer frente a vencimientos por u$s 2.100 millones con el Club de París.
Con el FMI, el objetivo es renegociar plazos y postergar vencimientos.
A cambio la Argentina deberá demostrar con más precisión cuál es su plan económico, en especial como se espera alcanzar el superávit fiscal primario para poder cumplir con las metas que se fijen.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ya brindó algunas precisiones: «Estamos buscando con el FMI el equivalente a un refinanciamiento. Fondos nuevos no. Estamos abiertos a todas las posibilidades en cuanto al esquema», dijo.
Para 2021, el Gobierno piensa ampliar el rol del Estado para ayudar en la recuperación, acompañando de la mano del sector privado.
Un ejemplo es la muy buena acogida que dio el Gobierno al plan de las entidades del agro para aumentar las exportaciones agroindustriales hacia la zona de los u$s 100.000 millones en los próximos años.
En un hecho inédito hasta ahora, Alberto Fernández y Cristina Fernández recibieron en persona -por separado- la propuesta de parte de referentes de las principales cámaras del sector, como la Bolsa de Cereales y los cerealeros y aceiteros enrolados en CIARA-CEC.
Al sector privado, el Gobierno le garantiza profundizar el objetivo de confluir hacia un ordenamiento cada vez mayor de las cuentas fiscales, y que al final del camino habrá menor presión tributaria.
La obra pública va a tener un rol importante, y en especial los planes de vivienda, porque generan empleo y actividad económica.
Más allá de si hace falta o no explicitar un plan económico, el establishment reclama estabilizar la macroeconomía, pensar el país en función de un modelo productivo y potenciar el desarrollo exportador.
Existe consenso en que tras la pandemia el déficit fiscal se habrá disparado hacia un 8% del Producto Bruto.
En buena medida porque se decidió que el 20% de la población activa, unos 9 millones de personas, perciba un subsidio, pero también porque la pandemia exigió una monumental inversión en servicios sanitarios.
Especialistas como el ex presidente del Banco Central Martín Redrado consideran que el proyecto de crecimiento económico debe estar apoyado sobre «incentivos impositivos y crediticios», y señala que Argentina debe apuntar a la innovación y el conocimiento, por ejemplo en manufacturas en el agro, en la industria, en hidrocarburos.
Eso, sostiene, será la clave para el desarrollo sustentable que permita generar dólares para abastecer a los sectores productivos.
Hasta ahora, la asistencia del Banco Central al Tesoro rondó los $ 1,35 billones, un nivel aceptable analizado desde la crisis por la pandemia, pero imposible de sostener a mediano plazo por su fuerte presión inflacionaria.
Tras cerrar la negociación de la deuda externa y con buenas perspectivas de acordar un programa de pagos razonable con el FMI, el consenso de especialistas coincide en que el mayor desafío para la Argentina que viene será «definir un proyecto que dé confianza» a los principales operadores económicos.
Si eso se logra, se abrirá una oportunidad concreta para que de a poco regresen algunas inversiones al país, en especial las que se necesitan en materia energética, donde radica una de las ventajas comparativas que la Argentina aún mantiene, con cabeza en Vaca Muerta, esa mina de oro que nunca termina de explotar.
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@JoseCalero.