Rechazan el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que lanzó el Gobierno de Milei porque "vulnera los derechos ambientales y federales"
Más de 70 organizaciones de Santa Fe, incluyendo sindicatos, empresarios, agrupaciones ambientales, científicas y comerciantes, han elevado un petitorio a la Legislatura provincial solicitando que no se adhiera al Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (Rigi). Según estas organizaciones, el régimen propuesto «vulnera los derechos ambientales y federales» y no protege la producción económica local, favoreciendo únicamente a grandes capitales.
Este jueves, los representantes de estas organizaciones entregaron una nota tanto a la Cámara de Diputados como a la de Senadores, argumentando que el Rigi beneficia desproporcionadamente a los grandes capitales, lo que podría llevar a la concentración de la renta y la riqueza en la provincia, perjudicando a las pequeñas y medianas industrias, así como al medio ambiente.
Mirko Moskat, del Taller Ecologista, explicó que el Rigi podría poner en riesgo el acceso de las comunidades al agua y otros recursos naturales al priorizar su uso como insumos para grandes inversiones. «El derecho de las comunidades a acceder al agua y a otros bienes comunes corre peligro, ya que estos se consideran insumos prioritarios bajo este régimen», afirmó Moskat.
En contraste, el Gobierno provincial, liderado por Maximiliano Pullaro, ha expresado su apoyo al régimen. Gustavo Puccini, ministro de Desarrollo Productivo, ha señalado que algunos cambios realizados en la última versión del Rigi fueron promovidos por Santa Fe y que las inversiones bajo este régimen podrían beneficiar a las empresas locales.
Además de su rechazo al Rigi, las organizaciones han solicitado una audiencia pública para discutir los impactos sociales, ambientales, políticos y económicos del régimen de manera democrática y abierta. En su rueda de prensa en la capital provincial, los voceros de las organizaciones resumieron sus preocupaciones en cuatro ejes: la necesidad de asegurar las leyes provinciales, garantizar una producción que respete las normativas existentes, prevenir la regresión ambiental y asegurar que el agua siga siendo un derecho humano para las comunidades, en lugar de un recurso controlado por grandes corporaciones.
Este rechazo al Rigi no solo se ha manifestado en Santa Fe, sino que también ha resonado en otras ciudades del país, donde diversas organizaciones han expresado sus preocupaciones sobre las posibles consecuencias negativas del régimen.