Denuncian que una batería de derogaciones atenta contra la sostenibilidad de las especies
Una resolución de la Secretaría de Bioeconomía, comandada por Luis Caputo, desmanteló cuatro unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera. La derogación de 12 normas, que no generaban ningún costo al Estado, atenta contra la sostenibilidad de las especies, reconocen desde el sector trabajador marítimo.
La pesca vuelve a estar en el centro del debate sobre el futuro de la actividad, tras un nuevo embate del gobierno nacional. Desde la Secretaría de Bioeconomía, dependiente del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, se puso en vigencia la Resolución 76/2024, mediante la cual se derogaron un total de 12 normas dictadas por el gobierno anterior entre 2021 y 2023. Estas normas estuvieron operativas hasta apenas una semana.
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
El gobierno argumenta que la modificación responde a las nuevas políticas públicas delineadas para un reordenamiento integral de la producción en general, respaldándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Según indicaron, los cambios buscan simplificar y hacer más razonables los procesos, para mejorar la operatividad del sector. También catalogaron de obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción, con la idea de eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites.
Desde el sector, miran con preocupación y advierten que la aplicación de esta resolución atenta contra los avances cuantitativos y cualitativos logrados en el último período, que significaron importantes mejoras en la gestión de pesquerías, en la agilización de procedimientos administrativos y en la transparencia de la cadena de valor pesquera del país.
Trabajadores en defensa de la actividad
Contrario a lo que se podría pensar sobre la postura del activismo gremial, los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan. Así lo expresó el secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Capitán Mariano Moreno: «No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».
«Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: «la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales», agregó Moreno.
Por otro lado, el Capitán denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.
«Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar», apuntó Moreno.
En ese sentido, Moreno aseguró: «Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones».
«En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar», advirtió.
Trazabilidad y sustento del recurso
El mercado internacional se vuelve cada vez más exigente en materia de trazabilidad, huella de carbono y cuidado del ambiente en los procesos de producción de actividades con mayor impacto. El recurso pesquero es especialmente sensible a las capturas no controladas, excesivas o fuera de temporada de reproducción. Por eso, el Estado y los actores de la actividad lograron equilibrar las necesidades productivas con las naturales del caladero.
En cuanto a la Certificación de Captura Legal y Exportación, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023 se lograron avances sustantivos que fortalecieron los mecanismos de control y fiscalización, posicionando a Argentina entre los más altos estándares de calidad a nivel internacional.
Posteriormente, se logró la despapelización total del área mediante la creación del «Sistema Nacional de Certificación Digital de Captura Legal y Exportaciones de la República Argentina», convirtiendo a nuestro país en el primer y único Estado en emitir el Certificado de Captura Legal en formato digital. Esto fue reconocido por la República de Chile, la Unión Europea y Japón, que aceptaron la recepción del certificado digital para todas las exportaciones pesqueras desde Argentina.
El sistema de trazabilidad implementó, por primera vez, un sistema digital de registración y seguimiento de toda la cadena productiva pesquera, permitiendo consultar el movimiento de los alimentos a través de etapas específicas como la captura, producción, elaboración, distribución y comercialización.
La derogación de estas normas hace retroceder a los tiempos en que la emisión de un Certificado de Captura Legal en formato papel demoraba aproximadamente un mes. A mediados de 2022, la emisión del Certificado Digital de Captura Legal demoraba solo una semana. También se elimina el Plan de Acción Nacional para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, impulsado por el Régimen Federal de Pesca, y se pierde la inspección de más del 95% en las descargas de los buques pesqueros que dedican sus capturas a la especie merluza negra o que contienen un alto porcentaje de individuos juveniles.
Alerta permanente
Finalmente, los trabajadores del sector pesquero argentino manifestaron que “se encuentran en alerta permanente ante la indefinición sobre el futuro del Régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de las especies Merluza Hubbsi, Merluza de Cola, Polaca y Merluza Negra que vence el 31 de diciembre del presente año”.
En tal sentido, debemos recordar que el proyecto original de la denominada “Ley Bases” presentaba un capítulo que pretendía entregar los recursos pesqueros argentinos al mejor postor mediante licitaciones públicas internacionales sin ponderar las inversiones que las empresas realicen en nuestro país ni la generación de mano de obra argentina.
Por todo lo expuesto solicitan al Consejo Federal Pesquero “a que garantice la continuidad del actual Régimen de CITC en las condiciones actuales para los próximos 15 años. Ello generará certidumbre para toda la cadena de valor pesquera, comenzando por los trabajadores y empresas pesqueras”.