El portavoz presidencial, Manuel Adorni, aseguró que las organizaciones sociales serán intimadas a pagar los 60 millones de pesos que costó el operativo de seguridad
El Gobierno nacional realizó una denuncia judicial que por los presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con esos delitos. «Hay 32 personas denunciadas», dijo el vocero.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, en la que aseguró que identificaron a 14 organizaciones sociales entre las que nombró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita- y consignó que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada el miércoles último ascendió a 60 millones de pesos, que «será la factura que se le pasará a los movimientos sociales».
Defendió el aumento a prepagas
El vocero presidencial, Manuel Adroni, sostuvo que los aumentos en las cuotas de los planes de medicina prepaga que anunciaron empresas del sector representan «un acercamiento a un sinceramiento de valores», luego de la «discrecionalidad» en los precios «impuestos por el Gobierno anterior».
En su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, Adorni advirtió que «el sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica» en virtud de «esta discrecionalidad en los valores», derivados de los incrementos administrados en la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Las declaraciones del portavoz presidencial se dieron a conocer un día después de que el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señalara que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, «iba a chocar contra una montaña».