Víctor Manzanares, el histórico contador del matrimonio Kirchner, ingresó en las últimas horas al Programa de Protección de Testigos e Imputados colaboradores, luego de confesar en la causa de los cuadernos por el pago de sobornos en la obra pública durante el gobierno anterior.
El contador fue aceptado por el programa a cargo del Ministerio de Justicia luego de expresar temor por su seguridad, más aún porque comparte el penal de Ezeiza con muchos ex funcionarios kirchneristas y empresarios procesados por sobornos.
Manzanares selló la semana pasada un acuerdo con el fiscal federal Carlos Stornelli para ser considerado arrepentido en la causa de los cuadernos y para que sea efectivo resta ser homologado por el juez federal Claudio Bonadio.
El ex colaborador de Néstor y Cristina Kirchner fue procesado con prisión preventiva en esta causa, pero ya estaba detenido en Ezeiza desde antes por el caso «Los Sauces», en el cual se investigan maniobras de lavado de dinero que involucran a la ex presidenta y sus hijos, Máximo y Florencia.
Su defensa hizo un planteo a la Justicia para que su lugar de encierro no sea Ezeiza, donde están apresados otros ex funcionarios y empresarios involucrados en la causa de los cuadernos.
El Ministerio de Justicia informó que se dispondrán «las medidas de seguridad pertinentes para brindarle protección, de acuerdo a las particularidades del caso».
«El ingreso al programa es voluntario y la permanencia exige el cumplimiento de las condiciones fijadas por las autoridades para poder garantizar la seguridad de los testigos y su grupo familiar», señaló la cartera que lidera Germán Garavano en un comunicado.
Manzanares en su declaración ante Stornelli aportó detalles sobre los negocios del matrimonio de Claudia Pochetti y el fallecido ex secretario de Kirchner Daniel Muñoz, producto de la recaudación ilegal y detalles de sus maniobras.
El sistema de Protección, creado por ley 25.764, se encuentra dirigido a testigos e imputados (colaboradores de justicia o arrepentidos) que hubieran realizado un aporte trascendente a una investigación judicial de competencia federal vinculada a delitos de violencia institucional o delincuencia organizada (narcotráfico, secuestro extorsivo y terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos en el período 1976/1983, trata de personas), y que a consecuencia se encuentren en una situación de riesgo.