El decreto que establece que no podrán incorporarse a la administración estatal los familiares de ministros será publicado mañana en el Boletín Oficial, una medida que el Presidente presentó en nombre de la transparencia y la calidad institucional, y que algunos distritos adelantaron que también adoptarán, como los gobiernos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.
La disposición fue decidida por el presidente Mauricio Macri, tendrá carácter retroactivo, y solo comprenderá las designaciones de la gestión de Cambiemos. Es decir que no alcanzará a familiares que hubieran estado desde antes de la asunción de la función del ministro o ministra actual.
«Marca una regla donde antes no la había, y es el dato más importante para la Argentina que viene», explicó hoy el jefe de Gabinete, Marcos Peña, al término de una reunión de ministros en la que abordaron el tema.
El jefe de Estado anunció ayer la decisión, al señalar: «A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del Gobierno. Vamos a perder colaboradores valiosos», dijo.
Sus palabras generaron de inmediato las renuncias de las hermanas del ministro de Trabajo, Jorge Triaca (Lorena y Mariana), del hermano de Peña, y del hijo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Marcos Peña sostuvo que la medida «construye un piso institucional y marca una regla donde antes no la había»; y precisó que se apunta a «construir calidad institucional, definir reglas».
Precisó que «claramente, una persona -familiar de un funcionario o funcionaria- que ya estaba por concurso o en planta permanente del Estado, no tiene vinculación con el hecho de que su pariente sea ministro».
Advirtió que existe una buena valoración sobre los que estaban trabajando y tuvieron que renunciar: «Consideramos que estaban allí por su idoneidad y por su capacidad y valoro su aporte», dijo, pero explicó que «era necesario este paso de calidad institucional».
En tanto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en declaraciones a las radios La Red, El Mundo y Mitre, dijo que se analizaron «dos niveles de consanguinidad, esto es esposos, padres e hijos, y se está definiendo ahora específicamente hasta dónde llega el tema».
«Estimamos que no deben ser más de 40 casos», indicó luego Ibarra, con relación a la cantidad de familiares de ministros que, con esta medida, quedarían afuera del gobierno nacional.
Por otro lado, Ibarra enmarcó los anuncios -que comprenden también una reducción del 25% de los cargos políticos dentro del ámbito del Ejecutivo y el congelamiento por este año de los salarios de funcionarios- en «el proceso de transformación del Estado», tendiente a que «funcione mejor y que le dé más servicios a la gente».
Por otro lado, sostuvo que, desde el gobierno nacional, esperan que «estos ejemplos de austeridad y transparencia sean tomados en cuenta en todo el país», y adopten medidas similares.
«Estamos buscando que todas estas medidas de eficiencia del gasto sean tomadas por las distintas administraciones», aseveró Ibarra, quien evaluó que «el problema que tiene la Argentina es común» a todas las jurisdicciones.
Además, Ibarra cuestionó el «mamarracho que han hecho con el Estado» durante los doce años de gestión kirchnerista «con el nombramiento a destajo de funcionarios y personas que no iban a trabajar. Empezamos con un proceso en el que lo más importante son los concursos. El objetivo es dejar el Estado con un 50% de los cargos concursados. La Argentina va a tener un Estado manejado por personas elegidas por concursos abiertos y transparentes», aseguró.
Por otra parte dijo que la medida «no tiene nada de marketing», sino que significa «poner en agenda lo que la sociedad reclama, que es transparencia», al salir al cruce de los dichos del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, quien calificó «de poco creíble» la decisión.
Los que tomaron la delantera en seguir al Ejecutivo fueron hoy el gobierno porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta y la provincia de Buenos Aires, que gobierna María Eugenia Vidal.
Fuentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires adelantaron que el Jefe de Gobierno porteño firmará en las próximas horas un decreto, de similares características al nacional e impedirá que los ministros ubiquen familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad dentro del Ejecutivo porteño.
Además de ese decreto, en el Gobierno de la Ciudad también se está implementando una reducción de 120 cargos políticos, que significará un ahorro de 1.000 millones de pesos, según precisó al portal Infobae el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel.
La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también firmará un decreto de similares características que, informaron hoy a Télam fuentes oficiales, está previsto que se publique también mañana en el Boletín Oficial.
En esa línea, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prevé ahorrar a lo largo del año unos 3.000 millones de pesos con la reducción de la estructura política, la eliminación de las jubilaciones de privilegio y el recorte del gasto en la Legislatura bonaerense dispuestos en 2017.
También se sumó el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, de Vicente López, Jorge Macri, mientras que de la oposición anunció que adherirá el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk quién, a través de un tuit, expresó: «La transparencia es nuestra primera obligación. En Escobar, ningún funcionario municipal podrá nombrar a familiares hasta cuarta generación en las áreas del gobierno».