El gobierno de Tierra del Fuego anunció este jueves la presentación de un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de que cualquier acuerdo internacional relacionado con las islas Malvinas y suscripto por autoridades del Poder Ejecutivo Nacional deba ser aprobado por el Congreso de la Nación para no ser considerado nulo.
La iniciativa legal fue elaborada por el secretario de representación del gobierno fueguino para la cuestión Malvinas, el ex embajador Jorge Agüello,
y fue presentada públicamente por la gobernadora Rosana Bertone, funcionarios y ex combatientes durante un acto en la casa de gobierno de la
provincia.
El proyecto de tres artículos señala en el primero de ellos que “todo instrumento jurídico internacional que establezca derechos y obligaciones, sin importar su denominación particular, cuyo efecto y fin involucre directa o indirectamente a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes, deberá contar con la aprobación del Congreso de la Nación”.
Además, el artículo segundo “prohíbe la celebración de instrumentos jurídicos internacionales mediante cualquier modalidad distinta a la establecida en la Constitución Nacional para la celebración y aprobación de tratados cuyo objeto involucre directa e indirectamente a las islas Malvinas”.
A su vez, el último punto del articulado considera que la ley “reviste carácter de orden público” y que “los instrumentos que se celebren en violación a lo prescripto en la presente ley, se considerarán nulos en los términos del artículo 46 de la Convención de Viena”.
Argüello explicó en conferencia de prensa que “hay por lo menos una decena de instrumentos firmados después de la guerra de 1982, que encajan dentro de lo que podemos llamar acuerdos ejecutivos o celebrados en forma simplificada”.
“Significa que bastó la participación de funcionarios del Poder Ejecutivo para suscribirlos. Y más allá de su denominación (acuerdos, intercambios de notas, declaraciones conjuntas, etc) lo cierto es que generaron derechos y obligaciones para las partes en materia de pesca, comunicación, investigación o hidrocarburos”, precisó el funcionario fueguino.
En ese sentido, sostuvo que el “problema de esos acuerdos” es que “todos respondieron al gobierno de turno y no tuvieron ratificación parlamentaria”, lo que “continuado como práctica a lo largo de los años ha generado confusión y ha debilitado nuestra postura como país”.
El ex embajador consideró que si bien la estrategia de cualquier gobierno ha sido generar condiciones para reabrir las negociaciones bilaterales sobre la disputa de soberanía con el Reino Unido, “las tácticas se han modificado” y “no podemos seguir pasando de blanco a negro en forma permanente”.
“Una política de Estado requiere altos niveles de consenso y ello se consigue en el Parlamento. Todos decimos que así debería ser, pero no hay una ley que obligue a hacerlo”, sintetizó Argüello, quien dijo haber trabajado en la iniciativa durante “varios meses” y con el apoyo de constitucionalistas como Jorge Vanossi.
Por su parte Bertone indicó que el proyecto busca seguir fijando una agenda desde la provincia respecto a la cuestión Malvinas y pidió “no hacer de estos temas una cuestión partidaria”.
La gobernadora adelantó que buscará la adhesión de los jefes de bloque de distintas bancadas y que ingresará el proyecto para su tratamiento por algunas de las dos cámaras del Congreso.
“La idea es encontrar propuestas superadoras. No podemos seguir aclarando posturas o efectuando críticas por las redes sociales. Estamos dispuestos a trabajar este tema con todas las fuerzas políticas del país. Es un gran desafío y vamos a trabajar en ello”, aseveró la mandataria fueguina.