Buscan que la obra social provincial equipare los aranceles de pago a los prestadores establecidos por la agencia nacional de discapacidad. Analizan marchas a la Legislatura
Todavía no se acordó la fecha de las próximas sesiones extraordinarias de ambas Cámaras legislativas en la provincia de Santa Fe, pero todo hace presumir que se llevarán a cabo en la primera o segunda semana del mes de febrero de 2023. Mientras que sí se sabe el malestar de sectores que trabajan con personas con discapacidad que esperaban un gesto del gobernador Omar Perotti para sumar en la grilla de temas el proyecto del diputado Fabián Palo Oliver para que la obra social Iapos equipare los aranceles de pago a los prestadores establecidos por la agencia nacional de discapacidad y ello no sucedió.
En ese orden, instituciones y organizaciones del sector de la discapacidad terminaron el año pasado desilusionados y arrancaron el actual en pie de lucha.
Concretamente, dichos sectores anunciaron que movilizarán a la Legislatura el día de funcionamiento de sesiones extraordinarias para seguir visibilizando una problemática que afecta directa o indirectamente a unos 5 mil afiliados al Iapos que recurren a dichos prestadores para la atención de sus afecciones.
Tanto la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe (Atraes) y la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis), que nuclean al grueso de trabajadores de la discapacidad en la provincia, explicaron que todos los financiadores del sistema único de prestaciones básicas para personas con discapacidad (obras sociales, Pami) abonan el arancel nacional, excepto el Iapos que sí lo hizo hasta el año 2018. Desde ese año al presente “abona un 45% menos de lo que debería pagar”, puntualizó Pablo Bolego, presidente de Atraes.
En ese sentido, el titular de la organización de transportistas dijo que para el sector, “es importante saber si el gobernador seguirá dándole la espalda a esta necesidad por la que tanto se reclama solución”.
Asimismo, Bolego explicó que frente al escenario económico, “esta equiparación arancelaria, resulta no solo necesaria sino vital y según los tiempos legislativos, recién podría volver a presentarse y tratarse a partir del mes de mayo”.
«Estamos convencidos que el sector no aguanta hasta mayo y lamentamos porque ya existe un esquema programado de baja de prestaciones de transporte a beneficiarios del Iapos”, disparó el referente de Atraes.
En el marco de este conflicto, se realizaron reuniones a mediados de diciembre pasado entre representantes de organizaciones del sector de la discapacidad y autoridades del Iapos. En los encuentros se acordó que a partir del mismo mes de diciembre “se empezaría a reconocer un arancel provisorio cuya diferencia no supere el 20% con el nomenclador nacional”, narró Bolego y agregó que dicho acuerdo se realizaba a la espera de la famosa ley impulsada por el legislador Oliver.
“Pero el Iapos volvió a incumplir. Una catarata de reclamos de prestadores indica que al momento de facturar las prestaciones brindadas durante el mes de diciembre el sistema informático de facturación de la obra social, no permitió a los prestadores facturar lo acordado O sea el 80% temporalmente del nomenclador nacional”, se quejó el referente de Atraes.
“La gravedad de la situación no registra precedentes. Más de 5.000 afiliados con discapacidad de toda la provincia de Santa Fe se verán afectados por esta política pública regresiva en materia de aranceles para servicios a personas con discapacidad. Una obra social que dispone de un presupuesto anual para este 2023 de más de 67.000 millones de pesos de presupuesto”, completó Bolego.