El gobierno español pidió a la Justicia el cierre cautelar de tres delegaciones internacionales de la administración regional catalana por mantener una actividad «dañina» para los intereses del Estado, anunció este martes el ministerio de Asuntos Exteriores.
En su solicitud presentada el lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, donde ambas administraciones mantienen un litigio sobre la legalidad de estas «embajadas» regionales, el ministerio reclama el cierre de las misiones catalanas en Berlín, Londres y Ginebra.
Su actividad «responde con singular intensidad a los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional», esgrime el ministerio en un comunicado.
«Estamos muy tranquilos. Estar presentes en el mundo no es solo nuestra voluntad, sino nuestra obligación», dijo por teléfono a la AFP el responsable regional de Exteriores Alfred Bosch, asegurando que su actividad es «legal y legítima».
En los últimos años, los gobiernos independentistas de esta región habían ampliado la red de delegaciones internacionales con el objetivo de mejorar sus relaciones diplomáticas en vistas a la hipotética creación de un país independiente.
Cuando el gobierno español suspendió la autonomía regional para abortar la tentativa de secesión de octubre de 2017, una de las primeras medidas que tomó fue el cierre de esta red de «embajadas» a excepción de la de Bruselas.
Al recuperar el gobierno regional, los independentistas reabrieron las delegaciones clausuradas y anunciaron la creación de otras nuevas hasta alcanzar una quincena.