El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva abandonó este miércoles por primera vez en siete meses la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur), donde cumple una pena de más de 12 años de cárcel, para ser interrogado durante tres horas por otra de las causas en su contra.
La audiencia, cerrada a la prensa y sin transmisión en directo, terminó a las 17H50 locales (19H50 GMT), tras lo cual el mismo convoy de patrulleros negros que había traído al exmandatario abandonó el edificio de la Justicia Federal para regresar a la prisión donde Lula permanece detenido desde el 7 de abril.
Hasta el momento, no se pudo ver ninguna imagen del expresidente, pero se espera que a lo largo de la tarde se difundan los videos de la comparecencia dirigida por la jueza Gabriela Hardt, quien comanda provisionalmente la operación anticorrupción «Lava Jato» en sustitución de Sergio Moro, futuro ministro de Justicia del presidente electo Jair Bolsonaro.
La ausencia del popular magistrado, convertido en enemigo del expresidente, hizo que la audiencia fuera mucho más tranquila que el tenso interrogatorio que juntó a ambos en el mismo lugar hace más de un año, contó a la salida Cesar Rezende, abogado de Rogério Aurelio, otro de los procesados.
El letrado dijo que Lula se encontraba aparentemente bien de salud y algo más delgado.
El patriarca de la izquierda brasileña, de 73 años, llegó a la sede de la Justicia Federal a las 13H40 locales. Un fuerte operativo de seguridad acompañó a la caravana de vehículos que salió de la sede de la Policía Federal, frente a la cual decenas de militantes cantaban y enarbolaban banderas en apoyo al exmandatario (2003-2010).
El convoy abandonó el edificio por un portón trasero. «Sabíamos que no le iban a dar el gusto a Lula de vernos, pero igual le mandamos ánimos, para que sienta nuestra compañía», dijo Susi Montserrate, en la vigilia que se instaló en un terreno vecino desde que Lula fue detenido.
Por la mañana, el exmandatario recibió a sus abogados y a Fernando Haddad, el excandidato del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en las presidenciales de octubre, en las que resultó electo el ultraderechista Bolsonaro con 55% de los votos.
Diputados y senadores del PT acompañaron la manifestación, así como la de grupos más nutridos de personas que se movilizaron hasta el edificio donde Lula fue interrogado.
«Teníamos mucha expectativa de verlo. Hace 222 días que está preso», dijo Regina Cruz, dirigente sindical, apostada al frente del poder judicial.
Otros procesos
En la causa por la que fue interrogado, Lula responde por el presunto beneficio de reformas pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014 en una hacienda en Atibaia, interior de Sao Paulo. La fiscalía lo acusa de ser el propietario «de facto» y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras.
La defensa de Lula mantiene su inocencia y asegura que la propiedad no le pertenece.
Según expertos, la sentencia difícilmente saldrá antes de un mes, y lo más probable es que se dicte después de la feria judicial de fin de año.
En la condena a 12 años y un mes de cárcel que purga actualmente, Lula fue considerado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá (costa del estado de Sao Paulo, sudeste), puesto a su disposición por OAS, igualmente a cambio de su mediación en contratos de la paraestatal petrolera Petrobras.
Lula enfrenta otros cuatro procesos, por corrupción pasiva, tráfico de influencias, lavado de activos y formación de organización criminal. En todos se declara inocente y denuncia una conspiración para evitar que vuelva al poder.
En un mitin de campaña en octubre, Bolsonaro afirmó que Lula «va a pudrirse en la cárcel».
La jueza Hardt, en la «línea dura» de Moro
La designación de Moro como ministro de Bolsonaro fue vista por la defensa de Lula como «la prueba definitiva (…) de que Lula fue procesado, condenado y encarcelado sin haber cometido ningún delito, con el claro objetivo de neutralizarlo políticamente».
La partida de Moro abre una nueva etapa en «Lava Jato», la operación que llevó a la cárcel o sentó en el banquillo a centenas de empresarios de primer plano y a dirigentes de casi todos los partidos, al revelar un esquema de sobornos obtenidos a cambio de contratos en Petrobras.
Gabriela Hardt, de 42 años, es considerada una jueza de «línea dura». Magistrada desde 2009, es sustituta de Moro desde 2014.
Comandará la investigación hasta tanto sea designado el relevo de Moro.