Estos trabajadores no entran en los beneficios ni ayudas sociales que determinó el gobierno nacional ante la pandemia
El sindicato de la Industria Cinematográfica (Sica) definió este miércoles la situación de sus representados como de «emergencia absoluta», debido a la imposibilidad de acceder tanto al seguro de desempleo como a los beneficios que dispuso el Gobierno por el freno total de la actividad que dispuso producto de la pandemia.
«Por la característica de nuestra contratación nos encontramos en una situación de emergencia absoluta. Acompañamos las medidas del gobierno, pero necesitamos soluciones para esta situación», dijo a Télam el secretario general del sindicato, Guido Valerga.
El representante gremial explicó que debido a la «situación general» los trabajadores y trabajadoras no pueden conseguir turnos para tramitar el seguro de desempleo, como, «en muchos casos», tampoco al crédito a tasa cero o al Ingreso Familiar por Emergencia que dispuso la Casa Rosada.
«Esta situación se da como en otras actividades en las que la persona que no es contratada no cobra y no trabaja, no como en otras industrias donde son suspendidos. Tampoco son informales, porque tienen un contrato por tiempo determino con todos sus aportes», aclaró Valerga.
El líder sindical comentó que muchos también aparecen como si estuvieran en relación de dependencia en AFIP, algo que considera «imposible», debido al parate total que vive la industria y su consecuente falta de contratación.
«Esto lleva a que la prestación de salud se vea afectada. Generamos un convenio de ayuda por parte del Incaa a la obra social, pero la falta de aportes llevó a una complicación con la Superintendencia de Servicios de Salud, donde deberíamos dejar sin cobertura a la gente por falta de aportes, algo que no estamos dispuestos a hacer», sostuvo.
Al menos 46 rodajes fueron cancelados desde el inicio de la cuarententa en la industria audiovisual argentina por la pandemia del coronavirus, por lo que autoridades del Sica calculaban que 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos en concepto de salario se perdieron sólo durante el primer mes de la medida.