Retenciones, jubilaciones, dólar y deuda son algunas de las cuestiones más destacadas del proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados
Retenciones, jubilaciones, dólar y deuda son algunas de las cuestiones más destacadas del proyecto que ya obtuvo media sanción en Diputados
En las primeras horas de este viernes y tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, los legisladores aprobaron el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que permitirá al gobierno de Alberto Fernández instrumentar las medidas necesarias para superar la crisis económica y social argentina.
Además de marcar los primeros pasos de la flamante gestión del Frente de Todos, si todo se da como el oficialismo lo planea, el proyecto se convertiría en ley antes de fin de año y posibilitaría comenzar a trabajar con lo planeado en 2020.
A continuación, los puntos más sobresalientes del proyecto, que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social:
– El proyecto faculta al Ejecutivo a llevar adelante gestiones necesarias para “recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de Argentina” y delega facultades del Congreso para hacer cambios en todas esas áreas.
– El Gobierno deberá informar los resultados a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior del Congreso.
– Establece el congelamiento por 180 días de las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal. Además, el Ejecutivo podrá iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020. Y podrán intervenir el Ente Regulador de la Electricidad y Enargas.
– Uno de los puntos más resonantes es el que establece un impuesto a la compra de dólares turista y para atesoramiento del 30%, con un límite de 200 dólares mensuales. Esto también alcanza a los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años. El impuesto no alcanza las compras de dólares o gastos en divisa extranjera que hayan sido efectuados antes de la entrada en vigencia de la ley. Alcanza las compras online, servicios turísticos o de transporte con destino fuera del país.
– Según especifica el proyecto de ley, lo recaudado por medio de este impuesto será distribuido en un 70% al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y el 30% restante se destinará a solventar obras de infraestructura económica y vivienda social, financiar el fideicomiso Renabap y fomentar el desarrollo del turismo local.
– Suspende por 180 días la Ley de Movilidad sancionada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, que ataba los aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo a una fórmula compuesta por el Índice de Precios al Consumidor (inflación) y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE, variación salarial). Los aumentos serán otorgados por decreto el Poder Ejecutivo. En ese lapso de seis meses, el Ejecutivo deberá plantear un nuevo esquema. Según se adelantó prevé un bono en diciembre y enero para la jubilación mínima, de $5000 por mes, y escalas superiores un proporcional.
– Para combatir la economía en negro, otro de los capítulos toca el tema de los impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, y establece una sobretasa de castigo a las empresas que retiran dinero en efectivo del banco, ya sea por caja, cajeros automáticos u otra modalidad, dinero en efectivo. Además, la iniciativa faculta al Ejecutivo a la eximición total o parcial de contribuciones a todas las empresas, que hayan perdido capacidad de compra en los últimos cuatro años, que mejoren los ingresos de sus trabajadores. Además de una moratoria para las pymes: todas sus deudas entran en un nuevo plan de pagos, que incluye 6 meses de gracia para empezar a pagar a 10 años de plazo, con la mitad de tasa que la actual.
– Otro tema clave y que ha generado bastante revuelo tiene que ver con las modificaciones en las retenciones. En este sentido, el proyecto faculta al gobierno nacional a fijar derechos de exportación cuya alícuota no podrá superar el 33% del valor imponible: en el caso de la soja aumenta de 30% a 33%; trigo y maíz de 12% a 15%. Para productos agroindustriales de economías regionales se establece una alícuota tope del 5%, al igual que para bienes industriales y servicios. En cuanto a bienes exportables hidrocarburíferos o provenientes de la minería, se reduce el tope del 12 al 8%.
– En relación a bienes personales, el impuesto aumentará de forma progresiva, con excepción de los bienes que no superen los 3 millones de pesos. Además, el proyecto faculta a Afip a establecer un régimen de reintegros para personas humanas que revistan la condición de consumidores finales.