La Legislatura convocó a los gremios a estudiar la sustentabilidad del sistema previsional santafesino, pero los gremios advierten: "Hay darle más voz a los trabajadores que a los políticos”. Opinan Lucero, Almirón, Casiello y Botto
La Legislatura de Santa Fe sancionó en su última sesión la creación de una Comisión para abordar el déficit del sistema previsional santafesino, buscando sanearlo sin que deje de estar en la órbita del Estado provincial y su carácter solidario. En total, se pone en discusión el sistema de 14 gremios que están alcanzados por el sistema provincial, por lo que se creó un comité integrado por los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de ambas cámaras y contará con la participación de senadores, diputados, representantes de trabajadores estatales y del Poder Ejecutivo.
La comisión tendrá facultades para requerir informes de entes públicos o privados, citar a funcionarios y convocar a expertos. El trabajo final deberá presentarse en un plazo de 45 días, con posibilidad de prórroga.
Según el ex ministro de Economía y ahora diputado justicialista Walter Agosto, en junio el déficit de la caja provincial llegaría a unos 40 mil millones de pesos. Sobre ese dato se paró José Corral, legislador del oficialismo: «Ese monto serviría para hacer 40 kilómetros de ruta, construir 8 escuelas o un nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé».
En este contexto, los gremios que dependen de la caja estatal presentaron postura y reivindicaron la importancia de que el sistema siga en manos de la Casa Gris. Martín Lucero, de Sadop Rosario; Juan Pablo Casiello, de Amsafé Rosario; Lorena Almirón, de ATE Rosario; y Alberto Botto, de Luz y Fuerza Rosario, opinaron ante CLG sobre posibles reformas en la caja provincial.
Lucero aseguró que desde el gremio docente están “dispuestos a avanzar con una discusión que garantice sustentabilidad y derechos para los trabajadores”, pero advirtió que necesitan información cierta.
En esta línea criticó el reparto de sillas en la comisión ya que “los estatales en general y los docentes en particular, somos los que más aportamos”, entonces, agregó: “El esquema de discusión tiene que pasar más por darle voz a los trabajadores que a los políticos”.
“¿Cuántos senadores y cuántos diputados aportan a la caja?”, se preguntó y arremetió: “Lo ético sería que quienes están impulsando la reforma de la caja renuncien a su beneficio de jubilarse por la caja. Porque si no es fácil, discutimos sobre los aportes que hacen los otros. Entonces los senadores y los diputados que se van a jubilar por la Caja de Jubilaciones de Santa Fe discuten sobre el aporte que hacen las maestras, que ganan diez veces menos”.
Por su parte, Lorena Almirón aseguró que los sindicatos no conocen “a ciencia cierta” cuál es la realidad de la Caja, pidió que los trabajadores no sean los encargados de solventar el déficit y coincidió con Lucero en la conformación de mesa de trabajo: “La Comisión pertenece prácticamente al Ejecutivo”.
De todas formas, Almirón celebró la creación de la comisión para conocer el estado de la Caja de Jubilaciones y planteó como salida exigir los montos de la coparticipación al Estado nacional y a las grandes empresas el cobro impuestos a las grandes fortunas.
“Entendemos que no hay que hacer una reforma, si no hay que presentar un proyecto que sirva para paliar. Primero saber cuál es la situación de la caja, y después un proyecto para controlar la situación”, planteó Almirón y concluyó: “Si hay que reformar algo, primero que nos expliquen por qué hay que reformarla, y si es la única salida… que presente un proceso que no implique que salga del bolsillo de los trabajadores”.
En tanto, Juan Pablo Casiello manifestó que la mitad del déficit se debe a la deuda que Nación tiene con la Provincia y no se ejecuta y “la otra mitad tampoco es un monto que en los números globales de la provincia es significativo”.
Para el dirigente de Amsafé el déficit que plantea el gobierno provincial también se debe a “los contratos basura”, es decir, empleados del Estado bajo la modalidad de monotributistas que no aportan a la caja provincial y planteó que es una “cuestión a modificar que seguramente eso haría que el déficit de la caja bajara muchísimo, sin afectar nuestros derechos que nosotros defendemos”.
Casiello remarcó que “el Poder Ejecutivo sin crear una Comisión maneja la caja, dirige la caja, y podría hacer los números sin necesidad de esta Comisión. La preocupación principal que vemos nosotros es que con la excusa esta del déficit lo que quieren es avanzar sobre el hecho que logramos con lucha. La convicción nuestra es defenderlo y no retroceder ni del 82% móvil ni del régimen específico docente que nosotros tenemos”.
Por último, Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza de Rosario, contó que a través de de la intersindical mantuvieron comunicaciones con los distintos bloques de legisladores y exigieron la ampliación de las sillas para los trabajadores ya que “no teníamos demasiada información”.
«No podemos nosotros acompañar una reforma previsional en la Caja de Jubilaciones, donde realmente no tenemos conocimiento de la realidad de la caja”, argumentó Botto y explicó: “Nosotros (Luz y Fuerza) tenemos algunas particularidades, como cada gremio las tiene, que tiene que ver obviamente con su actividad. Habrá que buscarle alternativas a ver cómo podemos solucionar esta situación. No sabemos a lo largo de la historia de la Caja de Jubilaciones, si todas las empresas hicieron los aportes que tenían que hacer, si esos aportes fueron siempre mantenidos dentro del ámbito” .
Botto además graficó que “la dimensión del Estado creció” y que no acompañó se alza con la “cantidad de aportantes, por lo tanto la relación de 3 (activos) a 1 (pasivo), que es la necesaria para sostener el sistema no está”. En este sentido, puso como ejemplo la Empresa Provincial de la Energía que en la década del 80 promediaba unos 4.500 trabajadores y en la actualidad, con una empresa tres veces más grande, apenas supera los 4.000.
La edad jubilatoria no se toca
Uno de los planteamientos que recorrió el pasillo de la casa de gobierno fue aumentar la edad jubilatoria, que hoy se encuentra en 65 años para varones y 60 para mujeres.
Sobre este punto Martín Lucero cortó de cuajo esta posibilidad y la definió como la “más rápida y brutal” para ordenar los números. “Están aplicando mal los avances en políticas de género planteando que todos somos iguales y dicen que las mujeres tienen que aportar la misma cantidad de años que los hombres. Pero así desconocen toda la situación histórica de las tareas de cuidado, de que las mujeres pierden buena parte de su vida laboral y de las posibilidades de desarrollo cuando atienden las situaciones de embarazo y demás”.
“Bajo ese argumento falaz de que somos todos iguales, ahora van a agarrar y en realidad lo que van a hacer es aumentar la edad jubilatoria de todas las mujeres para financiar la caja. No es porque les importan las mujeres, es porque les importan los aportes de las mujeres. Y especialmente en ese caso, las que más perjudicadas se van a ver son las maestras», expresó el refernte gremial de los docentes privados.
Por su parte, Lorena Almirón pidió que el “hilo no se corte siempre del mismo lado” y justificó que “hay sectores de ATE que no resisten un aumento de la edad jubilatoria”.
«Nosotras estamos a cargo de las tareas de cuidado en su mayoría, que trabajamos en sectores que también implican cuidado, y con cinco años de trabajo en el Estado, la verdad que quedamos muy deterioradas, las condiciones de trabajo son muy malas, hacen falta cargos, hay situaciones de salud laboral que hacen que nuestro trabajo esté cada vez más precarizado, y no resistimos, la verdad que trabajar más años, no lo resistimos”, agregó. La secretaria general de ATE Rosario recordó que los afiliados al gremio deben trabajar 30 años para alcanzar el 72% de la jubilación y en caso de lograr trabajar 35 años pueden acceder al 82%, «que son de miseria porque los salarios son de miseria», disparó la sindicalista.
Sobre el final Casiello recordó que los trabajadores del Estado santafesino aportan un 14,5% de su salario para la Caja provincial, cuando el sistema nacional exige un 11% y mencionó que el régimen especial de los docentes tiene que ver con las condiciones de trabajo propias de las escuelas. “Pullaro dijo que es un sistema que tiene 40 años, pero se olvida que hubo modificaciones en 2005 y en 2011 y si uno compara las condiciones de trabajo que tenemos en el 2005 con las que tenemos ahora las condiciones han empeorado por diferentes factores”, manifestó el gremialista rosarino.