La Legislatura de Tierra del Fuego aprobó una ley que exige a funcionarios electos y designados de los tres poderes del Estado realizarse anualmente controles sobre consumo de drogas ilegales. La iniciativa había sido presentada en el 2016 por legisladores de los tres bloques políticos que integran la Legislatura.
El proyecto sancionado este viernes requiere de la promulgación del Poder Ejecutivo provincial para entrar en vigencia. Luego debe ser reglamentada dentro de los 60 días. La misma establece que «la detección de metabolitos de droga en orina» determinará el cese de función para funcionarios designados y suspensión de mandato para los electos.
Trece legisladores presentes votaron afirmativamente por la sanción del proyecto de ley estableciendo que resulta requisito indispensable para «la permanencia en los niveles políticos de la función pública» la no adicción a drogas ilegales.
Anualmente, deberán someterse al análisis el gobernador, vicegobernador, funcionarios de Gabinete hasta el rango de subsecretario, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal superior y subalterno de la Policía y del Servicio Penitenciario. También están incluidos legisladores y autoridad de Cámara, integrantes de los organismos de control hasta el rango de prosecretario, jueces, magistrados y funcionarios del poder judicial y del ministerio público.
La autoridad de aplicación para funcionarios del Poder Ejecutivo será el ministerio de Salud de la provincia en tanto que el poder legislativo, y municipios que adhieran a la medida, deberán establecer «quién efectuará el procedimiento correspondiente».