Los titulares de la firma bursátil Guardati-Torti fueron imputados por el delito de colusión por el juez Hernán Potsma
El Centro de Justicia Penal fue escenario este jueves de una decisión más que importante. Allí el juez Hernán Potsma decidió imputar a los titulares de la firma bursátil Guardati Torti por el delito de colusión habiendo efectuado dos convenios con dos acreedores. Debido a esto les dictó prisión preventiva por 90 días a Angel Torti y Juan Carlos Guardati, directivos de la agrofinanciera Guardati y Torti (GYT).
“Tenemos ya de por sí un delito de administración fraudulenta. Y lo que se ha sumado aquí con estos dos convenios, son acciones delictivas de gravedad y que se producen cuando los imputados estaban con alternativa a la prisión preventiva», expresó el juez Postma en la audiencia de este jueves.
Los empresarios fueron detenidos este miércoles en sus viviendas en el marco de un procedimiento que realizó la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Este jueves en la audiencia, el fiscal Sebastián Narvaja decidió la imputación de ambos por dos nuevos hechos en concurso real en grado de coautores, por convenios firmados con acreedores que establecían pago a cambio de votar favorablemente en el concurso.
“La detención de las dos personas es porque llegó a conocimiento de la fiscalía que con dos de las personas que estaban verificados como acreedores en el concurso de la sociedad anónima Guardati y Torti habían realizado un convenio en el cual pactaban una serie de pagos a estos acreedores, además de lo que estos acreedores habrían de cobrar en el concurso, a cambio de que los acreedores dieran su voto o su conformidad ante el juez del concurso para que se apruebe el acuerdo preventivo”, expresó Narvaja.
El delito por el que se los imputó es el de colusión. ¿Qué es? “Es cuando hay un proceso de concurso preventivo abierto, los deudores ofrecen ventajas a algunos de los acreedores a cambio del voto, o dicho de una manera más simple, comprarles el voto dentro del concurso, porque esa conducta perjudica a todos los otros acreedores”, definió e fiscal Narvaja.
Los antecedentes
Los empresario fueron llevados a la Justicia por dos hechos. El primero ocurrió este 6 de junio cuando concluyeron un convenio escrito con G.D, acreedor verificado en el proceso concursal. En dicho convenio los imputados pactaron pagarle la suma de U$S 65.000,00, a pagarse en 4 cuotas, en dólares billetes. Como contraprestación, se estableció la obligación de prestar conformidad respecto de la propuesta concursal que hubiera sido realizada por Guardati Torti S.A., y que la propuesta sobre la cual se presta la mentada conformidad implica el “pago del 100% de los créditos verificados y/o admisibles en el plazo de 10 meses de que la misma fuere homologada judicialmente; o por cualquier otra propuesta que sea superadora de esta mencionada”. El segundo hecho fue el pasado 8 de junio cuando los imputados concluyeron un convenio escrito con el acreedor verificado en el proceso concursal, representado por su apoderado. En dicho convenio, pactaron pagarle la suma de U$S 7.000 a las 24 horas de homologarse judicialmente el acuerdo judicial en el Concurso Preventivo de Guardati Torti S.A. Como contraprestación, entre otras, se estableció la siguiente obligación de prestar conformidad respecto de la propuesta concursal que hubiera sido realizada por Guardati Torti S.A.