Por Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas y titular de la Alameda
La trata sigue siendo el tercer delito más rentable a escala mundial del crimen organizado. Vulnera gravemente la vida, libertad y dignidad de las personas buscando maximizar ganancias en términos mafiosos. Está conectada directamente con el delito de lavado de activos. Pese a que sabemos esto hace tiempo, los esfuerzos por seguir la ruta del dinero y dar con los máximos responsables han sido escasos desde la sanción de la ley en el 2008 a la fecha. Basta una lectura de las más de 500 sentencias judiciales firmes para observar que en la mayoría de los casos, los condenados son los verdugos más inmediatos y visibles en la cadena de explotación pero no los que organizan la red y más se benefician del delito.
El primer desafío de nuestra gestión es promover la investigación a fondo de la dimensión económica de la red delictiva a fin de desmantelar su base económica al servicio de la reparación a las victimas y atacarla de raíz. Para ello estamos trabajando intensamente con la AFIP, que ha creado una división contra el trabajo ilegal y la Unidad de Información Financiera. Ambos organismos colaboran en la investigación preliminar como auxiliares de la justicia y se presentan como querellantes en causas iniciadas desde el Ministerio Público Fiscal. Esta en estudio la incorporación de ambos organismos al Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas y para la protección y asistencia a las víctimas.
El Estado ha rescatado más de 19 mil víctimas de trata sexual o laboral desde el 2008 a la fecha. Sin embargo, apenas el 20 % de las y los sobrevivientes de este delito han tenido efectivo acceso a una vivienda, empleo digno o acompañamiento terapéutico. En el 80 % de los casos han permanecido en situaciones de extrema vulnerabilidad y no pocas veces han vuelto a ser revictimizados.
El segundo desafío del Comité, expresado en el plan bienal 2020-2022, es promover políticas públicas que garanticen la efectiva reconstrucción de un proyecto de vida para las y los sobrevivientes del delito de trata. Esto significa, capacitación y programas de inclusión laboral, estatutos especiales de acceso a la vivienda, acompañamiento terapéutico todo el tiempo que fuera necesario, reparación con los fondos de los bienes decomisados , entre otras medidas. En esta dirección avanzan varios ministerios de nuestro gobierno.
Las redes de trata operan en todo el territorio nacional e incluso trasnacionalmente. Se desplazan de un país a otro y de una provincia a otra organizadamente. El Estado no puede combatir estas redes si no estructura una fuerte articulación federal donde cooperen los estados provinciales, municipales y el Estado nacional de Ushuaia a la Quiaca.
El tercer desafío es sentar las bases de una profunda articulación federal mediante mesas interinstitucionales que funcionen regularmente en todo el país. Ya son 20 las provincias donde se han constituido redes de cooperación entre las provincias, el Estado nacional, la justicia, los sindicatos y las organizaciones de la sociedad civil. Adicionalmente, se avanzan en convenios de cooperación con los países limítrofes.
El Estado argentino debe avanzar en la registración de medio millón de trabajadores/as en el ámbito rural que en muchos casos son sometidos a explotación inhumana. También debe combatir a la trata en el terreno virtual donde se han desplazado en gran parte con fines de captación, reclutamiento e incluso explotación. Junto con las áreas de ciberdelitos y cibercrimen, debe mejorar la investigación y persecución y junto con el Ministerio de Educación debe trabajar fuertemente la prevención sobre el uso responsable de las redes sociales en niños, niñas y adolescentes.
Estos son los principales desafíos que desde el Comité Ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas, estamos abordando en la ejecución del plan bienal 2020-2022.