El presidente de México presentó un informe especial sobre los avances de la investigación
La justicia mexicana ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de la escuela ruralista de Ayotzinapa, en el sexto aniversario de ese hecho que conmocionó al país, anunció este sábado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
«Se han ordenado pedidos de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se demuestre va a ser juzgado», advirtió López Obrador al presentar un informe especial sobre los avances de la investigación, en presencia de los padres de los desaparecidos, que desde el primer momento afirman que hay militares involucrados en el hecho.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, también en el estado de Guerrero, donde abordaron autobuses de pasajeros que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México y fueron atacados a balazos, presuntamente por militares.
En el acto, previo al anuncio de López Obrador, María Martínez Zeferino, madre de Miguel Angel Hernández Martínez, uno de los alumnos, demandó en nombre de las víctimas que se agilicen las pesquisas.
«¿Cuándo le van a llegar (detener) a los militares?», cuestionó Martínez Zeferino. «Nosotros queríamos llegar hoy 26 (de septiembre) con algo más, entiéndanos, ya son seis años y no tenemos nada», subrayó ante el gobernante izquierdista.
Tras el informe, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y presidente de una comisión de la verdad creada para el caso, dijo a la prensa que son «varias» las órdenes de captura y que ya se trabaja en la ubicación de los uniformados.
Los estudiantes marchaban hacia la Ciudad de México para participar de un acto por el aniversario de la masacre de Tlatelolco, en 1968, cuando fueron baleados por pistoleros y policías que trabajaban para el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, que hasta ahora habían sido señalados como los principales responsables de la desaparición.
Sin embargo, familiares de las víctimas, organizaciones civiles e investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han exigido durante años que se investigue la probable participación en los hechos de dos batallones del Ejército destacados en la zona.
En paralelo a este anuncio de López Obrador, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, también presentó hoy los avances de la investigación sobre la desaparición de los 43, como se identifica el hecho, y acusó al Gobierno liderado por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) de mentir y encubrir y realizar diligencias falsas.
«Los jóvenes desaparecidos quedaron en medio de un choque de intereses del narcotráfico. Fue una coincidencia letal, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, en los distintos organismos que tenían presencia en ese lugar», afirmó Gertz.
El fiscal general precisó que hubo un «encubrimiento generalizado» de lo ocurrido por parte de las autoridades locales y federales a pesar de que tenían conocimiento de lo ocurrido a través del sistema de comunicación C4.
«También pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares, donde comenzó la tortura, para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial», agregó.
Las investigaciones revelan en concreto que hay cámaras que dejaron de funcionar en momentos clave y radios que fueron apagadas, lo cual implica responsabilidades que -aseguró- no van a quedar impunes.
Gertz agregó que en los mismos días en los que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas cerca de 80 personas fueron masacradas y ocultadas en Iguala por distintos grupos delictivos sin que se pusiera en marcha investigación alguna.