Alzeni da Silva acomoda lechugas en la Feria de la Reforma Agraria en Rio de Janeiro y, como el centenar de pequeños agricultores allí reunidos, está preocupada por la llegada del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil.
Entre cilantro y cebolletas, cuyos aromas impregnan el mercado, Da Silva teme que se vuelva difícil «hacerse oír» en un gobierno de militares y ultraliberales y con fuerte presencia de los intereses del negocio agropecuario.
La organización a la que pertenece, el Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que organiza la feria, nació en 1984 y se convirtió en una de las organizaciones sociales más importantes de América latina.
Desde sus orígenes, reclama tierras cultivables para pequeños campesinos y defiende una agricultura respetuosa del medio ambiente.
Unas reivindicaciones diametralmente opuestas al modelo agrícola imperante, que refuerza la concentración de tierras propiciando la expansión del monocultivo de soja, caña de azúcar y maíz así como de la ganadería intensiva para la exportación.
Este año, la feria no recibió ayuda pública. Pero Da Silva, que reside en las afueras de Rio, está satisfecha por la acogida que le tributaron los cariocas.
«Tuvimos muy buena respuesta», dice. «Para nosotros es importante mostrar» que los pequeños campesinos saben «producir muchos alimentos sanos», sin pesticidas, destaca.
Reparto desigual
«Nuestro tipo de agricultura ya va a contracorriente de la actual política agrícola», afirma Da Silva, para quien la designación como ministra de Agricultura de Tereza Cristina da Costa, la exlíder de la bancada ruralista en la Cámara de Diputados, augura tiempos aún más difíciles.
A partir del 1º de enero, cuando asuma el nuevo gobierno, será «aún más difícil hacer oír nuestras reivindicaciones», alerta.
En otro lugar de la feria, Silvano Leites vende cuatro variedades de bananas de impresionantes dimensiones, producidas en el campo del MST en el que vive, a 200 km de Rio de Janeiro.
«Si debiéramos contar solamente con el agronegocio, no encontraríamos más que carne y soja» en los mercados, critica. «Cultivamos mandioca, frijoles, maracuyá, piña, siguiendo un proyecto de recuperación ambiental: en lugar de arrasarla, dejamos que la foresta se entremezcle con los cultivos», añade.
Las familias de su campo ocupan tierras de una antigua hacienda que no se ajustaba a los criterios del Estado y era acusada de deforestación ilegal.
Tras pasar tres años en precarias viviendas junto a la ruta, las familias consiguieron la expropiación de ese terreno y el permiso para cultivarlo.
«Las ocupaciones del MST son una manera de presionar al gobierno para que aplique la ley. Sin eso, no habría ninguna redistribución de tierras», asegura Silvano Leites.
La pequeña agricultura trata de mostrar su dinamismo y su utilidad nutritiva y social, en un país con gran concentración de tierras.
En 2009, el 84% de las explotaciones agrícolas practicaban una agricultura familiar y empleaban a 12,3 millones de personas en el 24% de las superficies cultivables, frente a 4,2 millones de empleados en las grandes haciendas.
Un reciente informe de Oxfam señaló que 1% de los terratenientes poseía en 2016 el 45% de las tierras agrícolas de Brasil.
24 asesinatos este año
El MST, que agrupa a medio millón de familias de trabajadores rurales, está en la mira de Bolsonaro, que quiere calificar de «terrorista» a esa organización.
Durante la campaña, habló de «entregar fusiles» a los grandes propietarios rurales, para que los usen como «tarjeta de visita frente a los invasores» de sus propiedades.
«Antes de una expropiación, las familias fueron expulsadas muchas veces por la policía. Ahora la presión se va a acentuar. Jair Bolsonaro nos ve como enemigos y llama a la sociedad a atacarnos», afirma Leites.
Dos coordinadores del MST fueron asesinados el 8 de diciembre en el noreste. Desde comienzos del año, la Comisión Pastoral de la Tierra, de la Iglesia católica, registró 24 asesinatos vinculados a conflictos agrarios. La mitad de las víctimas eran líderes de movimientos sociales.
La violencia por la tierra dejó 71 asesinatos en 2017; el mayor balance en 14 años.