El oficialismo y bloques aliados acordaron subir un año el límite de edad respecto de la propuesta original y definieron el cronograma de tratamiento en Diputados
La reforma del Régimen Penal Juvenil comenzó a tomar forma definitiva en el Congreso, luego de que el oficialismo y sectores de la oposición alcanzaran un consenso informal para establecer la edad de punibilidad desde los 14 años y no desde los 13, como había planteado originalmente el Gobierno nacional.
La hoja de ruta se terminó de delinear este miércoles en una reunión entre el oficialismo y los jefes de bloques opositores de la Cámara de Diputados. El esquema prevé que el martes próximo el proyecto sea tratado en la Comisión de Legislación Penal, el miércoles en un plenario junto a Presupuesto y Hacienda, y al día siguiente llegue al recinto como único tema del orden del día. En caso de obtener media sanción, pasará al Senado, que tendría plazo hasta el 27 de febrero para abordarlo en el marco del período de sesiones extraordinarias.
La iniciativa corresponde al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil enviado por el Poder Ejecutivo en julio de 2024, que ya había obtenido dictamen en mayo de 2025 con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y partidos provinciales, aunque nunca fue tratado en el recinto.
Si prospera el acuerdo alcanzado en estas horas, el artículo primero establecerá que el régimen penal aplicará a adolescentes desde los 14 años hasta el día en que cumplan 18, cuando sean imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en leyes especiales.
Entre los cambios centrales, se fija que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para personas adolescentes será de 15 años en casos de delitos graves, descartando la posibilidad de llegar hasta los 20 años que figuraba en borradores anteriores. Esta regla se mantendrá aun cuando exista concurrencia real de varios delitos.
El proyecto también dispone que cada jurisdicción deberá organizar institutos especializados de detención para adolescentes o secciones separadas dentro de establecimientos penitenciarios, con tratamiento diferenciado. Los jóvenes privados de libertad deberán ser alojados según edad, condiciones de salud, personalidad, identidad cultural y educativa, y distinguiendo entre situaciones cautelares y punitivas.
En materia presupuestaria, el texto establece que los gastos que demande la aplicación de la ley se cubrirán con las partidas previstas en los presupuestos anuales y faculta al jefe de Gabinete, durante el primer año de vigencia, a reasignar recursos. En ese marco, comenzó a debatirse la posibilidad de algún mecanismo de compensación para las provincias que deban adecuar infraestructura y servicios.
La finalidad declarada del régimen es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y promover su educación, resocialización e integración social, buscando que supere situaciones de riesgo y conflictividad.
La postura de Santa Fe
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro se mostró a favor de avanzar con cambios en la ley penal juvenil y sostuvo que el eje de la discusión no debe centrarse únicamente en la edad. “El homicidio está sancionado culturalmente y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Todos saben la acción negativa que están llevando adelante”, afirmó.
Además, planteó la necesidad de discutir qué hacer con los inimputables. “Si querés, no discutamos la edad, pero sí qué hacemos con los inimputables. Ese es el problema. Hoy el Estado no tiene ninguna medida para blindarlos y proteger a la sociedad”, expresó, y consideró que una nueva ley podría brindar un marco para crear instituciones específicas.
Con estos acuerdos, el Congreso se encamina a una definición que promete generar un intenso debate político y social en las próximas semanas.