El punto que generó mayor controversia fue la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado
Funcionarios del gobierno nacional y diputados del Frente de Todos rechazaron este lunes las críticas de la oposición al proyecto de Ley de Envases y aclararon que la iniciativa no crea «un nuevo gravamen», sino que se trata de una tasa ambiental que tendrán que pagar aquellas industrias que elaboren envases que no se puedan reciclar.
Se trata de una iniciativa que el oficialismo de la Cámara de Diputados buscará aprobar en la próxima sesión, que se realizaría la semana que viene, para tratar este proyecto junto a otras iniciativas pendientes.
El proyecto generó esta semana fuertes controversias con los sectores de la industria y de la oposición, que anticipó su rechazo al texto impulsado por el Poder Ejecutivo, al advertir que incluía la creación de un nuevo gravamen.
En torno al texto, la diputada nacional del Frente de Todos (FdT), Daniela Vilar, respondió a las críticas de sectores empresarios y opositores al proyecto, al considerar que el texto «ya tuvo todo el rebote del lobby empresarial y mediático» y sostuvo que «lo que dicen de la tasa es mentira, se va a acordar. No va a superar el 3% por envase, no por producto».
«Si las empresas no quieren pagar la tasa tienen que generar envases retornables o reciclables», explicó Vilar, en declaraciones a El Destape Radio, y agregó que «la ley incorpora el principio de responsabilidad extendida de los productores».
«En todo el mundo las empresas se hacen responsables del impacto ambiental que generan sus envases», sostuvo y advirtió que la Cámara de Comercio de Estados Unidos «es la que hace lobby contra el Envase con Inclusión Social».
Vilar dijo demás que «las empresas quieren que la disposición final de los envases quede entre privados y que no haya regulación desde el Estado».
En tanto, en declaraciones a Télam, el diputado nacional del FdT, Itai Hagman, detalló que el proyecto «busca resolver el problema con un doble objetivo: a través de la tasa variable al productor, desincentivar el uso de los envases más contaminantes».
Sobre ese punto, afirmó que «es importante recalcar que la tasa puede ser cero si las empresas utilizan materiales 100 por ciento reciclables o si tienen un sistema propio de reciclado de sus envases y si no es una tasa que crece a medida que crece el impacto ambiental negativo del material que se usa para el envase».
Hagman afirmó que el segundo objetivo «tiene que ver con financiar el sistema de reciclado que llevan adelante los recicladores urbanos que es muy importante porque genera puestos de trabajo y permite además generar un insumo muy importante para la industria».
«Hoy la Argentina importa material reciclado y con este proyecto no solo se genera trabajo, sino que se permite abastecer la industria local de material reciclado», agregó.
En esa misma línea, el diputado nacional Federico Fagioli, del Frente Patria Grande, aseguró que «está claro que el lobby empezó, que ciertas empresas y ciertos sectores mienten para no pagar, que no hay interés por el impacto socioambiental que ellos mismos generan. Instalan discursos erróneos porque no quieren hacerse responsables».
«El proyecto no es un impuesto, es una tasa ambiental, contemplada en el derecho ambiental y se calcula según el envase que se utilice de acuerdo a la Unidad de Gestión del Envase. Es decir, cuanto más amigable con el ambiente sea el envase, menor será la tasa», precisó el legislador a Télam, uno de los que trabajó con el gobierno en la elaboración de la iniciativa.
Según Fagioli, «este proyecto es positivo porque reduce el impacto ambiental, genera financiamiento para que los municipios puedan gestionar los residuos y porque amplia derechos para los más de 200.000 cartoneras y cartoneros que hoy permiten que el sistema no colapse».
«En la próxima sesión vamos a tratar este proyecto, estamos trabajando para que así sea. Esperemos que las diputadas y diputados de la oposición estén a la altura y no cedan ante el lobby», remarcó.
También, y desde el gobierno nacional, el secretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación, Sergio Federovisky, indicó que «lo que estamos buscando con la ley de envases es que si un productor coloca un producto en el mercado debe hacerse responsable cuando este se convierta en residuo», al señalar que «el 25% de la basura del país son envases y sólo se recicla el 8%. Esto lo paga la sociedad con deterioro ambiental».
«Acá el que pone un envase que se va a convertir en basura tiene que pagar. En las críticas se señala falsamente que esto es un impuesto. Es una tasa que tiene una contraprestación», precisó Federovisky en declaraciones a FM FutuRock, y juzgó «necesario que haya sistemas de gestión para que la basura se reutilice como materia prima en la industria, y esto necesita una inversión».
En tanto, desde la oposición, el diputado radical por Chubut, Gustavo Menna, que integra las comisiones de Presupuesto y de Recursos Naturales, rechazó el dictamen de mayoría en un debate en comisión, al igual que el macrista de Juntos por el Cambio Luciano Laspina, quien lo tildó como «un mal proyecto».
Para Laspina, se trata de un «impuestazo porque no es una tasa ya que no se contempla una contraprestación, con lo cual es un impuesto de asignación especifica».
La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo apunta a promover la gestión de los envases en todo el territorio nacional, prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y en la salud de las personas y promover la responsabilidad de las y los productores en la gestión.
Sin embargo, el punto que generó mayor controversia fue la creación de una tasa ambiental que será abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado y la generación de un sistema propio de recolección y reutilización, que fue fuertemente cuestionado tanto por sectores de la industria como legisladores de la oposición.
Con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso, administrado por la banca pública, que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.
El proyecto quedó en condiciones de ser debatido en el recinto el miércoles pasado, luego de que la iniciativa impulsada por el gobierno, elaborada junto a movimientos sociales, recibiera el aval el martes de la comisión de Recursos Naturales y un día después de los integrantes de la de Presupuesto, a pesar de las críticas del arco opositor.