La Federación de Inquilinos Nacional convocó para este lunes a un ruidazo en respaldo del proyecto de Ley de Alquileres, para que sea tratada en la Cámara de Diputados antes de fin de año y no pierda estado parlamentario. La manifestación está prevista en distintas ciudades del país desde las 20 horas y en Rosario se llevará adelante en la esquina de Córdoba y Corrientes.
«Es para que este martes se resuelva qué va a ocurrir y se reúna la Cámara de Diputados para, en sesión ordinaria, tratar aquellos proyectos que tenían media sanción en el Senado como es el caso de la ley nacional de alquileres», dijo a CLG Nire Roldán, presidente del Centro de Estudios Metropolitanos de la Concejalía Popular.
La iniciativa logró media sanción en 2016 en el Senado y consiguió dictamen en Diputados el pasado martes 16 de octubre. Debía tratarse hace siete días, pero nunca se llevó adelante la sesión. En caso de que el proyecto no se debata en sesión ordinaria, Roldán aseguró que habrá bloques que plantearán incluirlo dentro de las «extraordinarias, para evitar que el originario pierda estado parlamentario».
«Entendemos que el Congreso debe legislar para ocho millones de Inquilinos y no para ocho corporaciones inmobiliarias que presionan y quieren levantar el tratamiento de la ley«, disparó.
Para Roldán, «hay fuerte mayoría parlamentaria para que, si se trata en el recinto, el proyecto se convierta en ley», sin embargo sostiene que el problema es que «quienes tienen que convocar a la sesión son los que están en la mesa chica y no lo hacen, presionados».
«Las corporaciones inmobiliarias no quieren que haya ley porque quieren seguir manteniendo un privilegio por encima de los inquilinos», acusó.
Los diputados que brindan su apoyo son «los autores de otros proyectos similares, los del Frente Para la Victoria, el bloque Progresista, un sector del partido Renovador, los de izquierda y centro-izquierda. Además de un sector del oficialismo que presentó una propuesta que se sintetizó en el despacho legislativo y algunos radicales disidentes hoy con Cambiemos, como Alfonsín y diputados correntinos».
La ley es para que «no ocurran abusos», remarcó el directivo, quien ejemplificó: «Un jubilado que hoy cobra $9.000 por mes, no puede estar pagando un contrato de $7.200 con un coeficiente de actualización de un 35%, que ahora en diciembre vence y tiene que pagar uno más alto que el haber jubilatorio que percibe».
El ex concejal consideró: «La ley no es la solución a todos los problemas pero es, sin dudas, un cambio estructural para la vida de las personas».
¿En qué consiste la ley?
Los cambios que introduce el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado son en pos de un beneficio para el inquilino. Uno de los puntos más importantes y que influyen mucho a la hora de que alguien decida alquilar es el precio del mismo y sus variaciones durante el año. Actualmente, el cambio en el valor ocurre semestralmente. El proyecto contempla que la actualización sea anual y de acuerdo a un nuevo índice. El mismo se determinaría por un promedio en partes iguales entre la inflación y el coeficiente de variación salarial.
Otro de los puntos es establecer un tope en las comisiones inmobiliarias. En Santa Fe, por ejemplo, se paga cada dos años, un mes y medio. A partir de la ley, no se podría cobrar el equivalente a un mes en tres años. Esto reduce un 30% los gastos de contratación.
El contrato, pasaría a ser mínimo legal de tres años. Además, se establecería de forma taxativa que los impuestos que gravan la propiedad como el API en la provincia o en el caso de las expensas extraordinarias, corran por cuenta del propietario y no del inquilino.
Otro de los puntos plantea que, a 60 días de finalización del contrato, las partes se junten a definir si se renovará o no. Si no hay acuerdo, el inquilino puede abandonar la propiedad antes de que finalice sin tener que pagar indemnización.
También se elimina la obligatoriedad de estar seis meses en el contrato para poder rescindir, y no se debería pagar indemnización. endeuda al inquilino.
El pasado 16 de octubre, cuando se logró el dictamen para tratar la ley, se introdujeron cambios al proyecto original, basados en otras propuestas que se presentaron en el Congreso. Entre ellas figura que el plazo mínimo de tres años de duración del contrato se va a poder acortar cuando los alquileres superen un monto determinado.
Además, el locador podrá aceptar entre dos alternativas de garantías propuestas por los inquilinos y no entre cinco como se pretendía en un principio.