El fiscal de la causa amplió la acusación por abuso sexual contra 12 de los 15 imputados en el proceso penal que se lleva adelante en Neuquén por los delitos cometidos en la última dictadura
El fiscal federal José Nebbia amplió hoy la acusación por abuso sexual contra 12 de los 15 imputados en el juicio que sigue el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén por los delitos de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura cívico militar en el centro clandestino de detención conocido como «La Escuelita», al conocerse “nueva evidencia” tras las declaraciones de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos.
El planteo fiscal se conoció en una audiencia del proceso oral y público en el que se investigan traslados de personas que eran detenidas en las provincias de Neuquén y Río Negro hacia ese lugar de cautiverio ubicado en la localidad bonaerense de Bahía Blanca.
En la causa conocida como «Escuelita VII» están acusados 15 exjefes militares y de fuerzas de seguridad provinciales y nacionales delitos en perjuicio de 20 víctimas, nueve de las cuales permanecen detenidas desaparecidas.
Nebbia citó algunos antecedentes jurídicos para respaldar su pedido de ampliación de la acusación por abuso sexual como por ejemplo la acordada número 48 de la Corte Suprema de Justicia del año 2008.
Explicó que la Corte expresó su “preocupación por la demora en la sustanciación de este tipo de juicios y consideró necesaria la adopción de medidas tendientes a asegurar el derecho de las víctimas y de los familiares a acceder al conocimiento de la verdad y simultáneamente preservar el derecho de los procesados en las causas”.
“No hacer lugar a la ampliación implicaría volver a la etapa de instrucción lo que afectaría a las víctimas y el derecho a la verdad», dijo Nebbia.
El representante del Ministerio Público Fiscal aseguró que el pedido de ampliación acusatorio “no afecta el derecho de defensa, ni ningún otro derecho del imputado, ni están en juego sus garantías constitucionales».
La calificación legal sostenida por el fiscal es “violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de las víctimas y ser realizadas con el concurso de dos o más personas y abuso deshonesto según los artículos 119, 122 y 127 del Código Penal”.
La ampliación de las imputaciones alcanzan a Oscar Lorenzo Reinhold, Jorge Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín, Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Osvaldo Páez, Norberto Eduardo Condal, Jorge Granada, Walter Tejada, Juan José Capella, Jorge Alberto Soza y Carlos Alberto Taffarel.
El pedido fiscal no incluye a los restantes imputados en la causa que son Miguel Ángel Cancrini, Gerónimo Huircain y Desiderio Penchulef.
En la audiencia del 28 de abril pasado, Dora Seguel, testigo sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca, relató que sufrió dos violaciones durante su cautiverio en 1976 y afirmó que la intención de sus victimarios era destruirla en su «parte más íntima, más profunda como ser humano y no para sacarle información”.
También al momento de ser detenida por efectivos de la policía sufrió manoseos delante de su propio padre el 14 de junio de 1976 en la ciudad de Cutral Có.
“La violencia sexual no buscaba información; en las dos violaciones ellos tenían un libreto aprendido y me decían; después no vas a servir para nada, no vas a poder volver a mirar a nadie a los ojos”, recordó.
También escuchó como violaban a su hermana Argentina cuando ambas estaban cautivas en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca.
Por su parte, Alicia Villaverde (fallecida) en ocasión de declarar ante la justicia, reveló que fue víctima de violencia sexual.
Al declarar como testigos de concepto en la audiencia del 21 de abril último, las investigadoras y especialistas en violencia de género María Sondereguer y Rita Segato sostuvieron que “los delitos sexuales cometidos en el marco del plan sistemático de represión en los Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura cívico militar, fueron una práctica persistente de disciplinamiento moral” y “acto domesticador”.
Sondereguer aseguró que “las violaciones en el marco del plan sistemático de represión y exterminio fueron un acto domesticador, un modo de dominación, de disciplinamiento que tenía que ver con la posibilidad de reforzar la condición de dominio sobre la vida y la muerte de las personas”.
Por su lado, Rita Segato expresó que “la agresión sexual actúa como el asesinato moral de la víctima y es notable en Argentina cuánto han demorado las denuncias que incluyan a la violación sexual como una violación de delito contra el cuerpo de sujeto universal, como un delito público, como un delito que se debe denunciar dentro de las acusaciones de tortura”.
El Tribunal dispuso una semana de plazo para que las defensas de los imputados puedan estudiar el pedido presentado por el Ministerio Público Fiscal y fijar postura.
Mientras tanto se postergaron las declaraciones testimoniales previstas para el miércoles próximo.