Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario
Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de derechos sociales y abogados ratificaron hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sus denuncias contra los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes acusan de mal desempeño de sus funciones.
Tras esas exposiciones, la comisión dará otro paso sustancial el próximo jueves, cuando se vote la admisibilidad de los pedidos de enjuiciamiento, para lo cual el oficialismo podrá imponer su criterio con la mayoría que ostenta en ese grupo parlamentario.
La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), informó que el jueves «se analizará cuales serán los pedidos de juicio que serán admisibles» y dijo que luego de esa votación se podrá abrir el sumario para la recolección de pruebas.
Al abrir la segunda reunión, Gaillard anunció que la senadora oficialista Juliana Di Tullio comunicó a través de una carta que «por razones de fuerza mayor» no iba a poder concurrir a las deliberaciones.
El pedido de juicio político del oficialismo fue argumentado por el diputado Eduardo Valdés, quien acusó a los ministros Rosatti, Rosenkratz, Maqueda y Lorenzetti de violar la Constitución y no tener «idoneidad» debido a la sentencia sobre coparticipación; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura, de querer aplicar la ley del 2×1 en un caso de lesa humanidad y el manejo de la obra social.
El legislador del Frente de Todos dijo que, según el artículo 112 de la Constitución Nacional, los miembros de la Corte «deben administrar justicia bien y legalmente».
Valdés fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los jueces del tribunal el fallo sobre coparticipación porteña, ya que, dijo, «distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores».
En esa línea, el legislador señaló que «es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego que se presentaron como amicus curiae del tribunal».
«¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con (Horacio) Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles (colaborador del presidente de la Corte) y Marcelo D’Alessandro (ministro de Seguridad porteño con licencia), que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?», preguntó.
Asimismo, subrayó que «la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento».
La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto, aseguró que el pedido de juicio político contra Lorenzetti «pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió».
«En ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano», agregó, y destacó el «respeto» de sus compañeros de otros bloques que conforman JXC.
Oliveto señaló que el pedido de enjuiciamiento «no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión».
Posteriormente, la presidenta de la Asociación Argentina de Juristas, Claudia Rocca, aseguró que en el marco de «la multisectorial por la democratización» de la Justicia presentó en 2022 «un pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema fundado en 10 hechos de la causal de mal desempeño».
Señaló que una de esas denuncias está basada en una investigación de «El Destape», según la cual Rosenkratz «habìa intervenido en 56 fallos, siendo parte en el mismo clientes de su estudio jurídico, lo cual viola la garantía de imparcialidad».
Las denuncias están firmadas también por la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas, quien señaló ante la comisión que el pedido de juicio político a la Corte «llega muy tarde». Y consideró que «estos jueces han hecho mucho daño ya».
El representante de la Asociación Civil por la Exigibilidad por los Derechos Sociales, Federico Méndez, dijo denunció «por la causal de mal desempeño a Rosenkrantz y a Lorenzetti, por haber manipulado un expediente judicial y haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal».
La exdetenida desaparecida durante la dictadura Patricia Isasa señaló que su petitorio busca que «no castiguen a Rosatti por la conducta incompatible con el cargo», sino que su búsqueda «en pos de una Justicia proba que se comprometa con la protección de los intereses públicos».
«Soy argentina, amo este país y nos merecemos gente proba en la Corte», dijo.
También expusieron los diputados del FdT Vanesa Siley (miembro del Consejo de la Magistratura), María Rosa Martínez y Pablo Carro, por los tres expedientes tramitados por el oficialismo.