El empresario Lázaro Báez pidió hoy el cese de su prisión preventiva, a poco de que se cumplan dos años de su detención en el marco de la causa por presunto lavado de dinero a través de maniobras en la financiera SGI, conocida como «La Rosadita», por la que aguarda el juicio oral y público.
La presentación la hizo el abogado defensor Esteban Balian, quien reclamó la liberación de su cliente, ya que el próximo 5 de abril se cumplen dos años de su prisión preventiva y la ley establece ese plazo como máximo para la medida, aunque existe la opción de prorrogarla por otro más.
El empresario adujo que no existe «peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación» y reclamó su libertad tras dos años en prisión sin condena.
Ahora, la decisión está en manos del Tribunal Oral Federal 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Gabriela López Iñíguez y Néstor Costabel.
Tras recibir el pedido, el Tribunal corrió vista al fiscal de juicio Abel Córdoba, que no cuenta con plazo para resolver, ya que se trata del cese de una prisión preventiva y no de una excarcelación, la que se debe definir en 24 horas.
Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 por orden del juez federal Sebastián Casanello, que advirtió sobre una posible maniobra de fuga, tras detectar un viaje en avión desde Río Gallegos a Buenos Aires del que no se había informado el plan de vuelo, mientras existían tareas de vigilancia sobre el empresario.
«Personal policial abocado a las tareas ordenadas por este tribunal el pasado 31 de marzo pudo observar que se encontraba sobre la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad de Río Gallegos, en condiciones de operar la aeronave matrícula LV-BPL – propiedad de la firma Top Air SA-, y que mediante discretas tareas investigativas se habría determinado que aún no se había presentado el plan de vuelo», sostuvo Casanello al fundar su detención en ese momento.
«El personal policial habría logrado determinar que el pasajero sería Lázaro Báez lo que, finalmente, se habría corroborado. No se pudieron establecer, sin embargo, mayores precisiones acerca del viaje», afirmó el juez.
La prisión preventiva luego fue confirmada en todas las instancias, tanto en la Cámara Federal como en la Casación, con múltiples rechazos a los planteos de Báez, quien está detenido al igual que su contador, Daniel Pérez Gadín, y su abogado, Jorge Chueco.
El empresario está en etapa de juicio en el Tribunal 4 junto con sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar, el mediático Leonardo Fariña, Fabián Rossi y otros imputados que suman más de veinte.
En la causa conocida como «La ruta del dinero K», la querella, a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la fiscalía de Guillermo Marijuan, solicitaron la indagatoria de la ex presidenta Cristina Kirchner, al considerar que el delito precedente del lavado de dinero es la gran cantidad de obra pública que ella le otorgó a Báez en Santa Cruz.
Hasta el momento, Casanello rechazó los pedidos de indagatoria y resta definir si procesa al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por la falta de control sobre la actividad de las empresas de Báez por el uso de facturas apócrifas, una de las maniobras originarias del lavado de dinero.