Los cuatro años de la Operación Lava Jato se cumplen hoy con la certeza de que la investigación no solo penetró en el sistema político y en la corrupción empresarial, sino que, en 2018, apunta a interferir directamente en el pleito electoral de octubre, ya que puede obstruirle la candidatura al mayor líder popular del país, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Preso político»: así se califica Lula en caso de que el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre lo detenga luego de haberlo condenado a 12 años y un mes de prisión efectiva.
Sin embargo, asoma una contradicción en el universo de múltiples lecturas de la Operación Lava Jato: incluso condenado, Lula aparece en las encuestas como el único que puede sacar al país del tormento político y económico.
Si casi el 50% está dispuesto a votarlo en segunda incluso condenado, ?tiene credibilidad la Operación Lava Jato? Son interrogantes cuyas respuestas corren contra el reloj, igual que la cuenta regresiva para la detención del líder del Partido de los Trabajadores.
El caso que cambió la historia del Poder Judicial también está atravesado por las críticas al accionar de Sérgio Moro y los fiscales de Curitiba: la opinión pública, harta de la clase política, ha comenzado a mirar cómo viven los hombres del Poder Judicial, con inéditas revelaciones de la prensa.
Y se ha puesto al descubierto que los jueces son las personas que más cobran en el país y la que tienen mayores subsidios autorizados por ellos mismos.
Moro y el fiscal Deltan Dallagnol admitieron que pese a que tienen propiedades, reciben el auxilio vivienda hecha para quienes son trasladados a otras ciudades. Apenas el 10% se niega a recibir los subsidios más allá del sueldo.
Son 1.300 dólares mensuales que reciben todos los meses, al punto que los jueces y fiscales federales hicieron el jueves el primer paro nacional de la historia para reivindicar este subsidio, con el cual superan el techo constitucional de salario, equivalente a 10.500 dólares.
La huelga de jueces y fiscales, el jueves, ganó ribetes de patetismo porque el paro se realizó para defender el privilegio del auxilio-vivienda cuando el país se había paralizado por la conmoción del asesinato de la concejal opositora Marielle Franco, en la Río de Janeiro ocupada e intervenida por el Ejército.
La Operación Lava Jato en 2014, año de la reelección de Dilma Rousseff, fue clave para crear un clima político adverso al PT que terminó en la destitución de la mandataria en 2016 y la asunción de uno de los investigados en el caso, Michel Temer.
El cuarto año de la operación -nacida en la investigación de lavado de dinero de una estación de servicio en Brasilia, con servicio de lava-autos a presión (lava jato)- muestra al mayor corruptor confeso de la historia de América Latina, Marcelo Bahía Odebrecht, heredero del imperio de la construcción Odebrecht, en su mansión de San Pablo.
Es que Odebrecht -así como sus hermanas Camargo Correa, OAS y Andrade Gutiérrez- hicieron acuerdos de delación a cambio de salvar a sus ejecutivos de la prisión.
Marcelo Odebrecht salió en diciembre pasado para vivir en una mansión en Morumbí de 9,000 metros cuadrados para cumplir su condena de 19 años de prisión. En dos años podrá salir de su vivienda, aunque deberá dormir monitoreado.
La fiscal general, Raquel Dodge, designada por Temer en setiembre pasado, vino a cambiar parte de la narrativa de Lava Jato, igual quen la renovación de toda la cúpula de la Policía Federal, al ritmo de que se acercaban a los hombres del presidente.
Los delatores que acusaron a Temer de pedir sobornos, los dueños del frigorífico JBS, perdieron los beneficios del acuerdo por haber engañado a los fiscales.
Y en ese camino anda la fase final de Lava Jato, que ahora tiene su capítulo en el Supremo Tribunal Federal (STF), para investigar a la personas con fueros -senadores, ministros, diputados y hasta el propio presidente.
Temer está investigado por una delación de Odebrecht que habla de que le pidió 3 millones de dolares para su partido, el Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), supuestamente como pago de favores.
Las grandes conquistas de la Operación Lava Jato -por ejemplo, descubrir los casos de corrupción del ex gobernador de Rio Sergio Cabral- no impidieron que bajara la confianza en las encuestas del propio Moro, enfrentado abiertamente con Lula.
Incluso una encuesta reciente del Instituto Brasil indicó que considera justa la condena por corrupción contra Lula pero igual prefiere al ex presidente y al PT para conducir el país.
El PT acusa a la Operación de haberse convertido en un instrumento contra el regreso de Lula al poder, según dijo el jefe del bloque del partido, el diputado Paulo Pimenta.
Por otro lado, en las últimas dos semanas fueron cerradas investigaciones de enriquecimiento ilícito y cuentas no declaradas contra los oficialistas Fernando Henrique Cardoso, ex presidente, y el ex gobernador paulista y ex candidato presidencial José Serra, también ex canciller de Temer, ambos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El precandidato presidencial del PSDB y gobernador de San Pablo. Geraldo Alckmin, uno de los hombres más respaldados por el mercado, fue citado en Lava Jato por recibir 3 millones de dólares de Odebrecht. Así y todo, irá a la campaña a buscar ser un candidato de la derecha moderada, contra el ultra Jair Bolsonaro, gran defensor público de Moro.
La fiscal Dodge se reunió con los camaristas que condenaron a Lula a la cárcel el 24 de enero pasado para conmemorar los cuatro años de la Operación.
Dodge informó que todavía falta que la corte suprema homologue 134 acuerdos de delación premiada, pero con otras condiciones a las usadas hasta ahora que permitió el recorte de penas a los confesos corruptos y corruptores.
«Debemos exigir que los colaboradores entreguen pruebas, que no presenten testimonio apenas contra terceros», dijo la fiscal general, dando un nuevo tono a la operación que tiene a Lula en el centro.