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Lasso cumple 100 días de gobierno y sostiene la vacunación masiva anticovid como pilar de su gestión


El mandatario de Ecuador mantiene una alta popularidad mientras gobierna con un Congreso dominado por sectores de centro izquierda e izquierda, con algunos de los cuales se ha debido aliar.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple este martes sus primeros 100 días en el poder en un país en crisis económica, que la pandemia de coronavirus agravó, y con la vacunación masiva como principal pilar de gestión.

Lasso, un exbanquero de 65 años, asumió el 24 de mayo dando un giro hacia la derecha en la nación de 17,7 millones de habitantes.

Tras el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), Lasso recibió una «compleja situación económica, social y sanitaria a causa de la pandemia», dijo a la agencia de noticias AFP la catedrática ciencias políticas de la Universidad Internacional SEK, Karen Garzón Sherdeck.

Moreno, que vio contraer en 8% a la economía ecuatoriana en 2020, alcanzó a inmunizar completamente contra la Covid-19 a medio millón de personas y a suministrar la primera dosis a un millón más.

El actual Ejecutivo confía en alcanzar la meta fijada de inocular a nueve millones hasta la próxima semana.

«Hemos superado ampliamente los 8,4 millones de personas vacunadas con el esquema de inmunización completo», expresó ayer la ministra de Salud, Ximena Garzón.

Para la politóloga, el «exitoso» plan de inmunización es estratégico para encaminar hacia la reactivación económica a un país con un de déficit fiscal de 4.813 millones de dólares (4,63% del PIB), 48% de pobreza y miseria, y 30% de subempleo y desempleo.

A pesar de las dificultades, Lasso mantiene una alta popularidad mientras gobierna con un Congreso dominado por sectores de centro izquierda e izquierda, con algunos de los cuales se ha debido aliar.

La aprobación a la gestión del exbanquero pasó de 71% en junio a 74% en agosto y la credibilidad en su palabra de 62% a 63%, respectivamente, según la encuestadora privada Cedatos.

«La vacunación ha sido muy efectiva. Está reactivándose el país», dijo a la agencia francesa el analista económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier, quien dividió la crisis entre lo fiscal, que ata a la nación a más endeudamiento, y la «destrucción» de la competitividad y el aumento de costos afectando la producción.

El Gobierno de Lasso revisó indicadores para este año. El crecimiento proyectado del PBI subió de 2,80% a 3,02%, mientras que la variación de precios prevista pasó de una caída de 1,01% a apenas -0,05%.

Para Acosta Burneo aún «hay una visión muy pesimista de la economía al decir que va a crecer a 3%». «Realmente es un crecimiento extremadamente pobre».

«Hay que acelerar el ritmo de crecimiento, hay que tomar medidas adicionales, reformas estructurales» para superar el «lento» ritmo de mejoría, agregó.

La dolarizada economía ecuatoriana no pudo crecer en 2019 (0,1%) debido a un estallido social encabezado por indígenas contra alzas en los precios de combustibles, que dejó once muertos y pérdidas por cerca de 900 millones de dólares.

El Gobierno de Moreno debió dar marcha atrás a las medidas, derogando ajustes pactados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener créditos. Ese organismo mantiene un acuerdo con Quito para prestar hasta 6.500 millones de dólares.

Pero apuntando a ir eliminando los subsidios a los combustibles, que este año se calculan en 1.900 millones de dólares, Ecuador desde 2020 revisa mensualmente los precios de acuerdo a los del petróleo. Así, las cotizaciones de la gasolina corriente y del diésel (los más consumidos) han aumentado en un 60% desde julio de 2020.

Sectores sociales, incluyendo organizaciones indígenas, y transportistas reclaman a Lasso poner fin a esas alzas.

Para Acosta Burneo «no hay cabida para dar marcha atrás en ese tipo de medidas porque todavía el fisco sigue dependiendo del endeudamiento», que a nivel externo fue de 45.112 millones de dólares (44% del PIB) en junio, de acuerdo al Banco Central.

Lasso, que hace tres semanas ya enfrentó la primera protesta de sindicatos y aborígenes, advirtió que no tiene intenciones de modificar la política de precios aunque es partidario de mantener algunos subsidios.