Vicente Lourenzo – Consultor Pyme. Ex secretario de Hacienda y vocero de CAME.
Lejos de esperar brotes verdes, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) esperan un segundo semestre muy duro en términos de rentabilidad y de autosubsistencia.
Los que se detallan a continuación son algunas de las preocupaciones del sector que más empleo da en nuestro país
Consumo: entre el aumento de precios y tarifas, y de impuestos provinciales como el inmobiliario, patentes y otros, y las anunciadas políticas de ajuste que devienen de la corrida cambiaria y financiera de las semanas pasadas, hacen presumir que va a derivarse en una caída muy pronunciada de consumo, generando un mercado interno muy debilitado.
Alrededor del 98 % de las Mipymes viven de las ventas. De las 8500 empresas Pymes que exportan, no llegan al 2 % aquellas que revisten la calidad de micro y pequeña y en general pertencen al rubro servicios (software), por lo que es de estimar que la MiPyME va a ser el sector más afectado.
Ante esa presunción, ya el empresario mipyme genera conductas restrictivas respecto a nuevos pedidos de mercadería y manejo de gastos. En la práctica, significa que el industrial prevé reducción de turnos y horas extras por lo que sus órdenes de pedido se ven limitadas al producto que se estima tiene venta casi asegurada, y «personal que se retira, personal que no se repone».
En cuanto al Mayorista o Distribuidor, trata de defender su stock ante posibles remarcaciones de precio, por lo que limita a plazos cortos los pagos a su cliente minorista (los plazos de 30, 60 y 90 días se están reduciendo a contado, 15 y 30 días).
Asimismo, prevé que la cobranza a clientes del interior se va a «estirar» ya sea por no tener fondos o por cheques rechazados.
Según lo informado por el BCRA, en los primeros cuatro meses subieron los cheques rechazados no pagados en casi un 50% respecto a los primeros cuatro meses del 2017.
Respecto al Minorista, es el que más atrapado se encuentra en la combinación letal de caída de ventas con aumento indiscriminado de costos.
Se espera para el segundo semestre un incremento de comercios cerrados en las principales ciudades del país.
Presión fiscal: la reducción escalonada de uno de los impuestos más distorsivos de nuestra economía, como es Ingresos Brutos, en sectores primarios y manufectureros no compensa con la actual presión que recibe este sector empresario fundamentalmente de la AFIP.
La eficiencia y eficacia lograda por el organismo recaudador genera que, si la MiPyME no paga el impuesto corriente o se le cae alguno de las tantas planes y moratorias que paga, en menos de 48 horas es intimado y en 10 días está embargado.
Se estima que más de 250.000 contribuyentes en la actualidad se encuentran embargados, de los cuales un altísimo porcentaje corresponde a MiPyMES y Personas Humanas.
Los anunciados Planes de Pago, por ser de vigencia a partir del 1 de julio, no vienen a solucionar parte de esta problemática.
También, más de la mitad de las provincias -en lugar de reducir la carga de impuestos- la aumentó, siendo el sector comercial el más perjudicado.
Financiación: ningún indicador hace presumir que la tasa de referencia del BCRA se reduzca, por lo que es de estimar que aquella MiPyME que se financiaba a tasas razonables con la desaparecida Línea de Inversión Productiva, no pueda absorber en sus costos una tasa que puede rondar el 65 % anual.
Por lo tanto, para la MiPyME la única fuente de financiamiento que le queda es la de su proveedor.
Diez años atrás, otra forma de financiarse era el no pago de impuestos. Pero, como antes se expuso, esta posibilidad está descartada atento a la velocidad en ser embargados por parte del organismo recaudador.
Conclusión: hay cierto consenso en el empresariado en que las autoridades deben realizar un ajuste en sus cuentas públicas, pero paralelamente, deben generar políticas de contención dirigidas puntualmente a la MiPyME donde, si se alivia el ajuste en este sector, se va a poder sostener el empleo, la inversión y el crecimiento.