Por Diego Añaños
Sobre el fin de la semana pasada, llegó a la Argentina la noticia de que Alejandro Werner, Director del Departamento para el Hemisferio Occidental del FMI había decidido jubilarse del organismo a fin de agosto de este año. El funcionario, de origen argentino, pero criado en Méjico, había ingresado al Fondo originalmente en 1995, pero luego se retiró del mismo para dedicarse a otras funciones. Luego, asumió su cargo actual en 2013. El padre de Werner, estuvo muy ligado al ministro de Economía del tercer gobierno de Perón, José Ber Gelbard, al punto de desempeñarse como un virtual Jefe de Gabinete del equipo económico. En 1977 su familia escapa a Uruguay, huyendo de la dictadura militar, y luego de un tiempo se establecen en Méjico, donde desarrolla toda su carrera académica y profesional. Werner no es una figura menor en la historia económica reciente de la Argentina. Junto al italiano Roberto Cardarelli, líder de la misión del FMI en nuestro país por aquel entonces, fueron los arquitectos del proceso que llevó a que el gobierno de Mauricio Macri tomara el crédito más grande de la historia del Fondo. Recordemos que Cardarelli fue reemplazado de un modo muy discreto, es cierto, por el venezolano Luis Cubeddu (otro viejo conocido de la Argentina).
De hecho, cuando uno mira en perspectiva, sin prisa, pero sin pausa, el FMI ha ido corriendo a todos los funcionarios de primera y segunda línea que estuvieron directamente relacionados con el megacrédito otorgado durante la gestión de Mauricio Macri. Hoy están afuera Christine Lagarde, directora gerente; David Lipton, primer subdirector gerente (y representante de los EEUU en el board), luego el jefe de la misión, Roberto Cardarelli, y ahora Alejandro Werner. Evidentemente el caso argentino representó un parte aguas en el organismo, y los responsables del escandaloso préstamo pagaron un alto precio, dejando sus cargos.
Claro, una duda flota en el ambiente. Todos se preguntan si, así como (del algún modo, claro) los funcionarios del FMI tuvieron que hacerse responsables de las consecuencias de sus actos, ocurrirá algo similar en nuestro país con los funcionarios de Cambiemos, empezando por el entonces presidente Macri. A comienzos del mes pasado, el Gobierno Nacional, instruyó al Procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, para que se constituya en querellante en representación del Estado en la causa que se investiga si existió “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, en el proceso de endeudamiento del país con el FMI. La decisión fue tomada a través del decreto 239/2021, y la causa se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 de la Capital Federal.
Sin embargo, hoy no sólo está bajo la lupa de los investigadores en crédito tomado en 2018 con el FMI. Recordemos que, antes del crédito con el Fondo de U$S57.300 millones, la Argentina tomó préstamos en el mercado voluntario de capitales por aproximadamente U$S100.000 millones. Recientemente se dieron a conocer un conjunto de informes de la Auditoría General de la Nación del año 2016. En los mismos, se hace mención al acelerado proceso de endeudamiento, el destino especulativo de los fondos y el incumplimiento de los procesos administrativos previstos por la normativa financiera vigente. Estos informes, cobran una gran relevancia en el contexto de la investigación que se está sustanciando, y que nombrábamos recién. A ver, la AGN lleva adelante tres tipos de auditorías: la de cumplimiento legal, es decir, las que analizan si la gestión cumple con la normativa vigente; la financiera, que se ocupa de analizar los datos duros, básicamente la cuenta de inversión; y la de gestión, que se focaliza en la evaluación de la eficacia del proceso. Como lo expresa Andrés Lerner en una nota publicada el día de ayer en el diario Ámbito Financiero, “en cada uno de los puntos, los informe son lapidarios sobre el accionar del gobierno de Mauricio Macri”.
Hay que prestar particular atención a la mecánica de endeudamiento, ya que el informe de la AGN concluye que la misma estuvo digitada con el fin de financiar la fuga de capitales. Hay un pasaje que vale la pena citar textualmente, y en el que se detalla que la formación de activos externos “se enmarcó en un proceso en el cual se eliminaron las regulaciones de capital y los requisitos en términos de permanencia, lo que tuvo como contrapartida el ingreso de capitales con destino a instrumentos en pesos que arrojaron altos rendimientos en dólares con un costo cuasifiscal significativo”.
Todavía no están disponibles los dictámenes con respecto a los años 2017, 2018 y 2019, pero los trascendidos dicen que los cuestionamientos serán aún más severos. Si esto es así, Mauricio Macri pasará a la historia como el primer presidente desde el regreso de la Democracia al país que no consiguió aprobar ninguna rendición de cuentas, ya que el Congreso aún no aprobó ningún balance del gobierno de Cambiemos.