Las controvertidas pensiones que cobran más de 2.000 personas, excolaboradores del régimen nazi, incomodan cada vez más en Alemania, en donde se presiona a las autoridades federales para que esclarezcan quiénes las cobran.
El caso salió a la luz el 20 de febrero pasado cuando los diputados belgas votaron una resolución que apuntaba a poner fin a los giros de un estado regional alemán de una pensión por invalidez a 18 combatientes belgas que colaboraron entre 1939 y 1945 con Alemania.
La conmoción que provocó el caso obligó al gobierno federal, que no paga directamente las pensiones, a aportar claridad sobre este episodio de la posguerra, desconocido incluso por los historiadores.
Este sistema de pensión se instauró en 1950 y debía inicialmente beneficiar a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, civiles o militares, incluso ex combatientes enrolados voluntariamente o por la fuerza en la Wehrmacht.
La pensión de Hitler
Los ex SS, guardias de campamentos de concentración o personas condenadas por crímenes de guerra, están en principio excluidos.
Pero el dispositivo pudo haber beneficiado a personas que no eran elegibles, como lo señaló en 2017, sin reacción en esa época, el político del partido Verde Volker Beck.
En total son 2.033 personas las que cobraron en febrero esta pensión, que en algunos casos puede alcanzar hasta los 1.300 euros mensuales y que el periódico Bild bautizó como «la pensión de Hitler». De ellas 38 están en América Latina.
¿Cuántas personas en total cobraron este dinero desde la creación del dispositivo? El gobierno alemán afirma que no lo sabe y se ampara en la protección de los datos personales para no revelar ni la identidad ni el perfil de los beneficiarios.
El ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales indicó a AFP que no está en estudio la supresión del dispositivo.
En todo el continente americano 409 personas cobran la pensión.
La mayoría está en Estados Unidos (250) y Canadá (121).
En Europa son 1.532 en cobrarla. Sólo en Polonia suman 537, según las cifras transmitidas a AFP la semana pasada por el ministerio de Trabajo.
Entre los beneficiarios en Polonia no hay rastros de verdugos, según la embajada de Alemania en Varsovia, que garantiza que cada legajo fue estudiado meticulosamente.
El monto total de las partidas destinadas a estas pensiones llega a 783.740 euros mensuales.
Pasado oscuro
El gobierno alemán había endurecido las reglas en 1998 para evitar que cobren la pensión aquellos que hubieran violado «los principios de humanidad o el Estado de derecho durante el reino del nacionalsocialismo». Pero esta nueva regla solamente se aplicaba a las personas que presentaron un formulario de inscripción luego de noviembre de 1997.
Sin embargo, las autoridades estudiaron minuciosamente a los beneficiarios y dejaron fuera del dispositivo a 99 personas que la cobraban a pesar de su pasado oscuro entre 1939 y 1945.
Pero según el Centro Simón-Wisenthal, son unas 70.000 personas las que habría que haber suprimido como beneficiarias.
Desde entonces, ningún ex SS o criminal de guerra la cobró, o al menos es lo que cree saber el gobierno alemán.
La opacidad de un dispositivo cuya competencia se divide entre los estados regionales y el Estado federal provoca un malestar cada vez mayor.
El activista Serge Klarsfeld, que dedicó una parte de su vida a rastrear y perseguir a los ex nazis, dijo estar «consternado» que «la Alemania democrática manifieste su reconocimiento a los que combatieron en las fuerzas nazis».