La UOM será querellante contra miembros de Acindar por delitos de la última dictadura

“Se trata de un hecho histórico, que pretende sacar a la luz la represión que sufrió una de las organizaciones de los trabajadores más importantes de la época”, expresaron desde la seccional de Villa Constitución

Este lunes la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución se presentará como querellante en la causa por delitos de lesa humanidad contra ex miembros de Acindar. En el juicio se intenta determinar la responsabilidad de estos en relación a crímenes cometidos entre 1975 y 1979 contra trabajadores de la compañía. Los ex miembros de la firma apuntados son Roberto José Pellegrini, jefe de personal y nexo con las fuerzas represivas y directivos de la empresa, y Ricardo Oscar Torralvo, personal administrativo (señalado por varios testimonios como un colaborador activo de los represores).

La Justicia analiza si la empresa santafesina fue cómplice de la “desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, tormentos, homicidios y cualquier otro que resultare de la investigación” de empleados que tuvieron actividad gremial. El juez de la causa, Marcelo Bailaque, consideró que Pellegrini y Torralvo fueron participes necesarios de 40 privaciones ilegales de la libertad y ocho homicidios agravados. También fueron procesados alrededor de 30 ex militares, policías y prefectos.

Pedro Ricardo Aznares, otro enlace de la empresa con los grupos de tareas, y Juan Pedro Augusto Thibau, ex miembro del directorio, fueron apartados por problemas de salud.

“Se trata de un hecho histórico, que pretende sacar a la luz la represión policial y parapolicial que sufrió una de las organizaciones de los trabajadores más importantes de la época”, expresaron desde la UOM en un comunicado.

Acindar contaba con un destacamento policial en las instalaciones de la compañía denominado “albergue de solteros” y varios trabajadores y vecinos denunciaron que allí funcionaba también un centro clandestino de detención donde la Policía Federal realizaba interrogatorios ilegales.

La existencia de un centro clandestino de detención en el interior del predio de la fábrica fue confirmada también por las propias fuerzas de seguridad implicadas en la represión, como lo admitiera Carlos Rampoldi, comisario inspector, en agosto de 1984 al declarar ante la Conadep.

En 1975 la empresa ordenó a todo su personal tramitar la cédula de identidad en la Policía Federal y un nuevo carnet de fábrica. Las fotos actualizadas luego fueron utilizadas para identificar y perseguir a los activistas gremiales. En ese momento José Martínez de Hoz era presidente de la empresa y lo fue hasta que la dictadura instaurada en 1976 le otorgó el Ministerio de Economía del régimen.

Su cargo en Acindar fue reemplazado por el general Alcides López Aufranc, quien fue director de Acindar desde 1976 hasta 1992. Especialista en la “doctrina francesa” de tortura relevada de la guerra de Argelia, hizo apología del terrorismo de Estado hasta el último día. En 1988 Konex lo premió como “Mejor Ejecutivo de la Industria” y le dio un diploma al mérito. Cuando estaba a punto de ser detenido e indagado en una causa que se instruía en Comodoro Py por delitos de lesa humanidad, una maniobra de la «familia judicial» lo salvó. Murió impune en 2015 gracias al encubrimiento del poder económico y judicial.

El Ministerio Público y el juez dan por probado que en Acindar se confeccionaron listas de quienes debían ser objetivos de la represión, que se aportaron medios de transporte para trasladar a los detenidos y que se había dado vía libre para que miembros de las fuerzas de seguridad circulen libremente por la planta.

La represión llegó luego de lo que se conoce como “El Villazo”. En 1974 la Lista Marrón logró que se realicen elecciones para normalizar la seccional de la UOM local, intervenida por la conducción nacional de Lorenzo Miguel. Por una amplia mayoría, la lista del sindicalismo combativo se impuso frente a la lista del peronismo por casi el doble de votos.

Esto implicaba un cuestionamiento expreso del poder de la conducción de la UOM Nacional de ofrecer garantías del “disciplinamiento” frente a las Comisiones Paritarias que empezarían a funcionar en 1975. Este motivo pone el ojo también en la acción u omisión de la dirigencia a nivel nacional del sindicato metalúrgico.

El accionar represivo conjunto de la “Triple A”, las fuerzas policiales y del Ejército para eliminar a los delegados de base combativos como en el caso de Acindar resultó en un prolegómeno en democracia de lo que aplicarían a partir de la dictadura de 1976.