Es en la causa que investiga 77 casos de delitos de lesa humanidad cometidos desde un año antes del inicio de la última dictadura en las empresas metalúrgicas del sur de Santa Fe.
La delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y 19 particulares pidieron hoy en la Justicia Federal de la ciudad de Rosario ser considerados querellantes en la causa que investiga 77 casos de delitos de lesa humanidad cometidos desde un año antes del inicio de la última dictadura en las empresas metalúrgicas del sur de Santa Fe.
En la causa, que instruye el juzgado federal 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, hay 31 procesados por delitos de lesa humanidad, entre ellos dos exempleados jerárquicos de la metalúrgica Acindar, epicentro de la represión a los trabajadores enfrentados a la conducción nacional de la UOM, a cargo entonces de Lorenzo Miguel.
Con el patrocinio de las abogadas de la sede Rosario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), 19 personas, entre sobrevivientes de la represión de Villa Constitución en marzo de 1975 y familiares, solicitaron al Juzgado Federal 4 ser admitidos como querellantes.
Lo mismo hizo, pero en forma institucional, la delegación de la UOM de la localidad santafesina de Villa Constitución, representada por los abogados Matilde Bruera y Santiago Bereciartúa.
La causa investiga la represión sufrida por obreros metalúrgicos en los hechos conocidos como «Villazo», ocurridos en marzo de 1975 tras la intervención a la UOM de esa ciudad y la persecución de obreros de las metalúrgicas Acindar, Metcon y otras, por parte de fuerzas militares, de seguridad y parapoliciales.
«Pedimos la investigación y juzgamiento de los responsables civiles, la vinculación del sector empresarial nacional y extranjero con las Fuerzas Amadas para la implementación del plan sistemático de exterminio que hiciera posible instalar el plan económico de (el exministro de Economía de la dictadura, José Alfredo) Martínez de Hoz y el FMI», dijo Bruera.
Su colega Bereciartúa señaló a Télam que la importancia de la investigación radica en que «los hechos son anteriores al golpe de 1976 y son un ejemplo del plan sistemático que se implementaría después», y recordó que «el presidente de Acindar en 1975 era Martínez de Hoz, que pasó a ser ministro, mientras que el general Alcides López Aufranc ingresó a la empresa».
La abogada de la APDH Rosario, Gabriela Durruty, también destacó en diálogo con esta agencia la importancia de la causa por su vinculación con los beneficiarios económicos de la dictadura.
«No en vano la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores: esto pone de manifiesto el objetivo que era instalar un plan económico de hambre, y para hacer eso hicieron desaparecer a una generación y, en particular, desarticular al movimiento obrero», abundó Durruty.
En el escrito presentado hoy por la UOM, se señala la responsabilidad de Acindar –entonces propiedad de la familia Acevedo, que la fundó en la década del 40- al indicar que «el ascenso de la empresa se ve reflejado en las cifras de las ventas de la época».
«En 1978 Acindar figuraba en la posición 31 entre las 200 empresas que más vendían en la República Argentina. Para 1979 alcanzó la posición 20 y en 1981 logró la posición 17», detalla.
Agrega que «en 1983 la empresa instaló un nuevo tren laminador cuyo costo ascendió a $40.000.000 amparándose en un decreto de promoción industrial» y obtuvo dos de los tres proyectos de inversión siderúrgicos más cuantiosos aprobados por la Secretaría de Industria y Comercio Exterior para acceder a los beneficios de la promoción industrial.
«En total, la inversión de Acindar que empleó estas prebendas fue de casi 300 millones de dólares, y explica casi las dos terceras partes de la totalidad de la inversión promocionada en el sector. De este modo se facilita la consolidación de Acindar como una de las firmas líderes de la industria siderúrgica», concluye el escrito.