La represión se habría cobrado 26 muertos hasta el momento, de acuerdo con la denuncia de la ONG Temblores
Tras siete días de protestas en calles de diversas ciudades de Colombia, organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea condenan la represión de la Policía y del Ejército contra los manifestantes que habría cobrado 26 muertos, de acuerdo con la denuncia de la ONG Temblores.
«La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos», dijo el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano.
Stano pidió poner fin a la escalada de la violencia y expresó la «confianza» de la UE en las instituciones colombianas para «investigar y llevar a la cárcel a los responsables de cualquier abuso y violación de los derechos humanos». A la par con la UE, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también denunció un «excesivo uso de la fuerza» desde Ginebra (Suiza).
Las fuerzas de seguridad «utilizaron munición real, golpearon a manifestantes y hubo detenciones, en el contexto de una situación tensa y volátil en la que algunos participantes en las protestas también han sido violentos», añadió Marta Hurtado, portavoz de la oficina dirigida por Michelle Bachelet.
En la noche del 3 de mayo las redes sociales colombianas fueron inundadas con mensajes de alerta por la irrupción armada de la fuerza pública en varios sectores de Cali, una de las ciudades más activas durante las protestas que iniciaron el 28 de abril que en un principio exigían el retiro de la reforma tributaria propuestas por el presidente Iván Duque.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, cuestionó abiertamente la capacidad del cuerpo antimotines ESMAD de irrespetar los derechos humanos, consigna el sitio France24.com.
La Oficina de Washington para Latinoamérica (WOLA), otra ONG para la investigación y la defensa de los derechos humanos en las Américas. se dirigió directamente al presidente colombiano Ivan Duque: «Iván Duque debe desescalar las tensiones, detener la violencia y fomentar el diálogo con un grupo representativo de manifestantes», exigió la organización tras recibir «graves denuncias de uso excesivo de la fuerza policial». En las redes sociales, miles de usuarios adelantan campañas para llamar la atención de la comunidad internacional.
Hasta el momento, ningún jefe de Estado se ha referido a la situación en Colombia, aunque algunos representantes políticos internacionales sí se sumaron a las voces que piden parar la violencia contra los manifestantes. El líder izquierdista francés, Jean-Luc Mélenchon, llamó al Gobierno de su país y a los medios de comunicación a preocuparse. «En estos momentos el Gobierno colombiano está masacrando a los opositores por decenas. El silencio francés no puede durar más. Gobierno, medios de comunicación: los colombianos piden ayuda», pronunció el político.
En los Estados Unidos, la senadora demócrata, Jessica Ramos, de origen colombiano, también hizo eco de las noticias en sus redes sociales: «Al despertarme veo graves violaciones de los derechos humanos en Colombia, especialmente en Palmira y Cali, donde vive la familia de mi padre. El Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha sido acusado de matar al menos a 35 personas, 31 personas están desaparecidas, cientos de detenidos y una mujer violada».
Ilhan Omar, demócrata en la Cámara de Representantes, también reaccionó en Twitter: «Solidaridad con los sindicatos y trabajadores de Colombia que se enfrentan a la violencia a manos del Estado durante las protestas del Día Internacional de los Trabajadores. La violencia policial es un problema transnacional».
Ante la oleada de críticas y llamados desde organizaciones de derechos humanos y organismos políticos internacionales, la Cancillería de Colombia realizó un comunicado a través de la red social Twitter en el que ratificó su pleno respaldo al «Estado de Derecho con instituciones democráticas» colombiano. Además de eso, aseguró que el Estado colombiano es «garante del derecho a la vida y de movilización pacífica» y confirmó que el 5 de mayo la canciller Claudia Blum mantendrá una reunión con el Ministerio de Defensa sobre la situación.