Insistirá con la mayor parte de la redacción original, desconociendo cambios aplicados en el Senado. Por su peso específico, el voto de la UCR es crucial y determinará la forma final con que salgan aprobadas la ley Bases y el paquete fiscal
A través de su presidente de bloque, Rodrigo de Loredo, el radicalismo mostró sus cartas de cara a la vuelta a la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Bases y el paquete fiscal, iniciativas que se votarán en el recinto el próximo jueves.
Mediante una larga publicación en su cuenta pública de X, el cordobés que comanda una bancada de 34 integrantes anticipó que votará muy en línea con los deseos de la Casa Rosada, ratificando la mayor parte de la redacción original que salió con media sanción de la Cámara baja a fines de abril, y desconociendo cambios aplicados en el Senado.
Por ejemplo, en el caso de las privatizaciones, De Loredo adelantó que el grueso del bloque forzará la reincorporación de Aerolíneas Argentinas en el listado de empresas sujetas a privatización, pese a que en el Senado se había acordado dejar afuera a la aerolínea de bandera.
Para el jefe del bloque radical, es “inconcebible que una empresa aérea que tiene un déficit diario de 1.400.000 dólares sea sustentado por los sectores más humildes para que viajen los más pudientes con tarifas subsidiadas».
«Las rutas menos comerciales pueden ser cubiertas por las exigencias regulatorias por las empresas privadas. Son falsos los argumentos contrarios”, esgrimió.
Esta decisión le puede traer a De Loredo bastante ruido interno, especialmente con los senadores de la UCR que estaban en contra de la privatización de Aerolíneas.
Por caso, el fueguino Pablo Blanco se golpeaba el pecho jactándose de que gracias a él se había logrado blindar a la empresa estatal de cualquier intento de transferencia a manos privadas, y había justificado su voto a favor de las facultades delegadas para el presidente Javier Milei como una transacción legítima a cambio de “salvar a Aerolíneas”.
Difícilmente ahora en el bloque de De Loredo puedan explicarle a Blanco que ese sacrificio fue absolutamente en vano, y que son sus propios correligionarios quienes están dispuestos a convertirse en los sepultureros de su “patriada”.
Para mitigar este costo político interno, la conducción de la bancada radical le pide al Gobierno que se haga cargo de comunicar pública y claramente qué pretende hacer con Aerolíneas.
“Si contó con un acuerdo de senadores y el Gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto. Nuestro bloque ya por una amplia mayoría se expresó al respecto”, justificó De Loredo, explicando que el voto a favor de privatizar a Aerolíneas no debería sorprender a nadie, ya que así votaron la mayoría de los diputados radicales la vez anterior en que se consiguió la media sanción de la Ley Bases.
En este tema, como en los demás en que existen contrapuntos respecto de lo que se votó en cada cámara, hay un debate de tipo reglamentario que incomoda al radicalismo, ya que afirmar que cualquier rechazo del Senado puede ser revertido a posterori por la cámara de origen, equivale a reconocer que nada de lo que haga la Cámara alta tiene sentido a menos que Diputados después lo convalide con su última palabra.
En relación a esta discusión de trámite parlamentario, De Loredo indicó que “una amplísima mayoría sostiene a las claras que la correcta interpretación constitucional faculta a la Cámara de Diputados a insistir con su proyecto original cuando se rechazó del texto legal una parte del mismo».
La otra interpretación, que incluso abonan integrantes de su propio bloque como Fernando Carbajal, es que los rechazos a capítulos o a artículos en el Senado son irrevocables, como por ejemplo en los rechazos en la Ley de Medidas Fiscales de la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y la rebaja de las alícuotas de Bienes Personales.
«La supresión del capítulo de ganancias y bienes personales configura en sí una modificación al texto y así tiene que ser interpretada. Creemos que es ampliamente mayoritaria la postura técnica, doctrinaria y sobran los antecedentes jurisprudenciales que sostienen esta mirada”, subrayó el titular del bloque de la UCR.
Sobre aquellos diputados que esgrimen una interpretación contraria, De Loredo estimó que “son una minoría que, en esta ocasión, son abrazados por un sector político (en alusión al kirchnerismo) que, al margen de esta discusión, la única voluntad que tiene es que le vaya mal al Gobierno».
«Dicho esto, llama la atención la impericia del Gobierno de no haber logrado que en la Cámara que nuclea a las representaciones de las provincias se apruebe un impuesto que se coparticipa a los gobernadores”, acotó sobre la caída de la vuelta de Ganancias en la sesión del Senado.
Por si faltaba aclaración, De Loredo manifestó que su bloque insistirá con Ganancias tal cual quedó plasmado en la redacción de la media sanción de Diputados, aunque en un pasaje posterior de su texto pidió que a cambio el Gobierno cumpla con el compromiso de eliminar el impuesto PAIS.
“Tiene que ser un pedido explícito del Gobierno, que decidió demagógicamente eliminarlo junto con (Sergio) Massa en el proceso electoral. Nosotros nos opusimos y ya lo hemos acompañado tres veces. Es inédito que un espacio político que no desea integrar el Gobierno, por cuarta vez esté dispuesto, por responsabilidad y cooperación, a aumentar este impuesto, pero debe haber un pedido claro que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos”, repitió.
“Solicitado esto, no tenemos inconvenientes, ya que lo que votamos una vez lo hicimos a conciencia. Es un impuesto sano, progresivo, al cual le subimos las escalas, le aumentamos la gradualidad y Argentina está muy retrasada en promedio a los países vecinos e integrantes de la OCDE en relación a lo que recauda por el impuesto a los ingresos”, agregó.
En el caso de Bienes Personales, también reafirmó que la UCR le va a “conceder” al Gobierno la rebaja de Bienes Personales, pese a que dicha reforma, que beneficia a la fracción más pudiente del país, implica una pérdida de recaudación del 0,6% del PBI.
“Es un impuesto que más del 70% de lo que recauda es pagado por quienes tienen patrimonio superior a un millón de dólares. De manera que es una pequeñísima porción de la población más rica del país. Decimos esto porque nos molesta haber sido acusados de degenerados fiscales por recomponer un 8% a los haberes jubilatorios, cuyo costo es menor que bajar bienes personales como pide el Gobierno”, lanzó De Loredo, a quien todavía no le cicatrizó la herida de las duras acusaciones que recibió del oficialismo por la media sanción en Diputados de la nueva fórmula de movilidad previsional.
Los únicos cambios aplicados por el Senado que el radicalismo aceptará cuando la ley Bases vuelva la semana que viene al recinto son en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones y en la delegación de facultades.
Se trata no casualmente de modificaciones que el Gobierno, a través del jefe de Gabinete Guillermo Francos, levantó el pulgar para que en Diputados se respetaran, con un pedido a los bloques dialoguistas en ese sentido.
También aceptarán la versión de la reforma de «modernización» laboral que salió del Senado, destacando como positivo que se haya incorporado como causa de despido a los bloqueos de empresas.
Sin embargo, anticipó que desde el radicalismo insistirán con reponer el artículo 62 que elimina las cuotas sindicales obligatorias para no afiliados a gremios.
«Este artículo permitía que las cuotas de solidaridad no fueran cobradas a quienes no están afiliados al sindicato sin su expreso consentimiento. La inclusión forzosa de estas cuotas es injusta y va en contra del principio de voluntariedad”, fundamentó.