El último dato oficial del INDEC corresponde al primer semestre del año cuando indicó que la pobreza en la Argentina era del 36,5%. El organismo volverá a publicar su estimación en marzo de 2023
La tasa de pobreza llegó al 43,1% durante 2022 y afecta a 17 millones de personas según el informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).
En tanto, 8,5 millones de personas son indigentes, que equivalen a una tasa del 8,1%.
A su vez, el trabajo remarcó que la pobreza aumentó 15 puntos porcentuales en la última década como consecuencia de un deterioro general que incluye las condiciones económicas, sociales y laborales.
El último dato oficial del INDEC corresponde al primer semestre del año cuando indicó que la pobreza en la Argentina era del 36,5%. El organismo volverá a publicar su estimación en marzo de 2023.
La UCA puso de relieve que la actual asistencia social que es dispensada por los tres niveles del Estado impide que la pobreza llegue al 50% y que la tasa de indigencia alcance el 20%.
El trabajo además muestra que el segmento de pobres se alimentó por sectores de clases de trabajadores de sectores medios y populares que son aquellos en los que más impacta la falta de trabajo y la inflación.
Al respecto, señaló que, si la tasa de inflación descendiera a un dígito ,la tasa de pobreza podría caer entre 10 y 15 puntos.
El relevamiento mostró que el 40% de los hogares en los que habita el 50% de la población ha recibido algún tipo de asistencia oficial o programa complementario.
La UCA se preocupó en aclarar que «ni las políticas de liberalización económica, ni las políticas de asistencia social son suficiente por sí solas para promover un modelo de desarrollo equilibrado», procurando de esta forma esquivar una posición que la ubique en alguno de los dos espacios de la «grieta».
Para conformar su trabajo, la institución académica no solo toma en cuenta los ingresos sino que también evalúa las condiciones socio económicas generales, entre la que se ponderan el acceso a la salud y la alimentación, a la educación, a la vivienda, a los servicios públicos, al trabajo y a un hábitat saludable.
La UCA sostuvo que entre 2010 y 2022 la sociedad argentina no mostró «cambios relevantes».
A su vez, reveló que «el 70% de la población estuvo afectada en al menos uno de estos derechos fundamentales», mientras que el 48% en al menos dos ellos y el 30% en tres o más.
«Aún con variaciones positivas, por momentos, el análisis de la tendencia general muestra que en 2022 los hogares y la población de la Argentina urbana no experimentaron mejoras significativas en el acceso al bienestar respecto a 2010», afirmó.
«En términos poblacionales, esta última cifra implica que al menos 13 millones de argentinos sufren de una exclusión severa en acceso a bienes y servicios de inclusión social», indicó el trabajo de ODSA.
En tanto, consideró que, si la Argentina logra dominar la inflación y ubicarla en menos de un dígito, la pobreza podría bajar entre 10 y 15 puntos porcentuales.
La UCA sostuvo que «no es el aumento de los precios sino la no de creación de nuevos empleos, el deterioro de los existentes y la caída de las remuneraciones, lo que genera desequilibrios».
Asimismo, señaló que «la composición de la población económicamente activa durante el período 2010-2022, es evidente que no sólo el sistema productivo es altamente heterogéneo, sino la también la estructura social del trabajo».
«La participación de la suma del desempleo y las subocupaciones inestables vienen subiendo casi ininterrumpidamente, alcanzado este año al 32% de la población económicamente activa», añadió.
Frente a este contexto remarcó que, si «se suman los trabajos regulares pero precarizados (28%), la suma de los problemas de empleo alcanza al 60% de la fuerza de trabajo, equivalente a 12 millones de trabajadores».
A partir de este escenario se concluye que «sólo el 40% de la población económicamente activa cuenta con un trabajo decente o digno, sea a través de un empleo asalariado o no asalariado».
Para la UCA «esta fuerte segmentación laboral se vincula estrechamente con la pobreza crónica y su aumento a lo largo de más de una década».
El informe señaló que «en los hogares pobres, menos de 2 de cada 10 trabajadores logran acceder a un empleo pleno, mientras que en los hogares no pobres, aunque en descenso, más de 5 de cada 10 trabajadores lo logra».
«Si bien debido a la inflación crece el fenómeno de los trabajadores pobres de manera generaliza a partir de 2018, en los sectores micro informales y de la economía social, su empobrecimiento es previo y se inicia en 2012.
El trabajo recalcó que, a partir de la crisis de 2018-2019, profundizada por la pandemia de COVID-19 (más del 31% si se considera a los cesanteados), la pobreza de trabajadores se instaló en un nuevo nivel estructural: 29,8%.
«Una particularidad del ciclo económico actual (posterior a la pandemia) es que coexiste un importante crecimiento del empleo, pero no se recuperan los ingresos laborales», concluyó.