En este contexto, "las personas con discapacidad hoy en su gran mayoría están en su casa sin poder acceder a los derechos que establece la Ley 24.901", sentenció Chapero
El sector de la salud para personas con discapacidad está en crisis. A los incontables e inclaudicables reclamos que realizó la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad (APRIDIS) en 2023, se sumó en los últimos 45 días una devaluación y aumento del combustible, siendo este uno de los principales insumos. No obstante, desde la asociación que nuclea a los trabajadores de este sector reivindican el reclamo por mejoras en la cadena de pago, la cual demora al menos 90 días y sin ajustarse a la inflación. En este contexto, CLG habló con Mariel Chapero, presidenta de la Asociación Provincial para Personas con Discapacidad de Rosario, que adelantó una «histórica movilización a la Ciudad de Buenos Aires para entregarle una carta a Javier Milei para que aborde la situación».
«Venimos trabajando desde hace mucho tiempo para defender el servicio de calidad. A partir del contexto que hemos transitado durante el 2023, con la profundización del aumento inflacionario del mes de diciembre y los aumentos de combustible sobre todo que impactan directamente en una de las actividades que es el transporte para personas con discapacidad desde el 2 de enero comenzó un cese de servicio involuntario porque los aumentos enormes de combustible impiden que se pueda realizar la prestación y que las personas con discapacidad puedan acceder a sus tratamientos en las instituciones donde realizan habitualmente sus actividades», agregó Chapero.
La referente del sector explicó que sólo en 2023 los aranceles estuvieron 100 puntos por debajo del aumento de la inflación. «A esto le tendríamos que agregar enero», comentó. Además, «Somos un servicio que depende de una cadena de pago que tiene alrededor de 60 a 90 días una vez finalizado el mes de la prestación. Esto implica que ese arancel desfasado un 100%, además se cobra de 2 a 3 meses después, lo que hace que ese porcentaje sea aún mayor», explicó.
En este contexto, «las personas con discapacidad hoy en su gran mayoría están en su casa sin poder acceder a los derechos que establece la Ley 24.901», sentenció Chapero.
Con todo esta situación «tan compleja que ya se ha incurrido en un quiebre del sistema y no es una amenaza esto, es muy concreto, porque también las instituciones van en el próximo tiempo a incurrir en un cese de actividades porque es imposible sostener los costos», APRIDIS se está convocando a la residencia de Olivos el próximo 31 de enero con un petitorio que pide una actualización de los servicios del 100%.
«Hay más de 200.000 personas que están en juego con toda esta situación y más de 150.000 trabajadores solamente contabilizando a los trabajadores de las instituciones, sin contar a los profesionales que realizan sus actividades de forma independiente o transportistas».
Chapero aseguró que APRIDIS seguirá luchando «por los derechos de las personas con discapacidad y por los derechos de los trabajadores del sector. Ese compromiso que tenemos, así como tenemos el compromiso cotidiano con las personas con discapacidad.
Por último, instó a «los familiares que no están organizados, lo hagan, porque es muy importante que puedan, en nombre propio, ejercer activamente la defensa de sus derechos y que nos acompañen en esta situación que en este momento está en una situación muy grave».