En el juicio oral que se le sigue a César Milani en La Rioja por delitos de lesa humanidad, la querella que integran la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de esa provincia, pidió 18 años de prisión para el ex jefe del Ejército. La pena se solicitó por los secuestros y las torturas a Pedro y Ramón Olivera durante la última dictadura militar. En tanto, la querella de la familia Olivera pidió 20 años de condena.
Ante el Tribunal Oral Federal de La Rioja, los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore expusieron los argumentos del Estado para pedir la condena del ex titular del Ejército. Los letrados hicieron una recopilación de los hechos, ocurridos el 12 de marzo de 1977, y también acusaron a la defensa del militar de intentar «impugnar a los testigos» que participaron del caso.
A Milani se le atribuyen los delitos de «privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y asociación ilícita», cuando se desempeñada como subteniente del Batallón 141 de La Rioja.
La misma pena de prisión se solicitó para el teniente primero, Alberto Solano Santacroce, y el ex juez federal de esa provincia, Roberto Catalán.
El juicio contra Milani se había reanudado este jueves tras un receso por la feria judicial y está previsto para el jueves y viernes próximo el turno de los alegatos de las defensas. En tanto, se espera que el veredicto sea leído el próximo 9 de agosto próximo, mientras que un día antes será la audiencia en la que se dará la posibilidad a acusados de pronunciar sus últimas palabras antes de conocer la sentencia.
El pasado 17 de mayo el ex jefe del Ejército había prestado declaración, ocasión en la que manifestó su respeto y solidaridad con las familias de las víctimas de la dictadura militar.
«Mi solidaridad a la familia Olivera. Todo ese sufrimiento de la familia Olivera termina donde empieza el sufrimiento de la familia Milani que injusta y arbitrariamente es acusado», señaló el ex jefe del Ejército.
Los acusados eran «funcionarios públicos» y «no mostraron ningún arrepentimiento», remarcó la querella al pedir la pena a cumplirse en cárcel común.
«Fue enorme el daño causado a las víctimas y sus familiares», advirtieron las abogadas querellantes y remarcaron que Milani tenía acceso a los juzgados y estaba presente en la toma de declaraciones.
La querella de la familia Olivera remarcó que se trata de «delitos de lesa humanidad, imprescriptibles» al tiempo que negó «intencionalidad política» en la denuncia iniciada mucho antes de «saber» que Milani sería nombrado jefe del Ejército.
«Milani en su carácter de funcionario público irrumpió violentamente en el domicilio de la víctima, en el barrio Ferroviario, donde vivía el señor Pedro Olivera y su familia. Milani era un cuadro militar superior en el Batallón de Ingenieros», remarcó la abogada.