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La reforma judicial de Fernández, un proyecto que divide opiniones


CLG dialogó con el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y con los abogados Arturo Araujo y Víctor Corvalán, quienes opinaron sobre la iniciativa del Presidente

El presidente Alberto Fernández presentó este miércoles por la tarde su proyecto de reforma judicial, el cual ha generado divididas opiniones en el ámbito político y judicial. La iniciativa busca descentralizar a la Justicia Federal, unificar fueros y cámaras, crear fiscalías y defensorías, transferir competencias a la Ciudad de Buenos Aires y restablecer pautas para garantizar la independencia de los jueces. CLG dialogó con tres voces reconocidas del ámbito judicial rosarino y santafesino, quienes opinaron sobre el proyecto.

El proyecto de 46 páginas presentado por Fernández implica la creación de la Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados, para descentralizar las decisiones que toman los jueces de Comodoro Py. Además, plantea la unificación de los fueros penales económicos y cámaras, y la creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales. El Presidente también destacó «la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal».

Entre otros puntos, supone el «fortalecimiento» de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías, y la creación del cuestionado Consejo Consultivo integrado por juristas que deberán elevar propuestas para fortalecer el Poder Judicial y el ministerio público.

Este Consejo de Mejoramiento de la Calidad Institucional fue fuertemente criticado por gran parte de la oposición, ya que entre los nombres que lo integrarán aparece el de Carlos Beraldi, quien es abogado de Cristina Fernández de Kirchner. «Poner en la comisión que debe analizar la ampliación de la Corte al defensor de la Vicepresidenta en las causas de corrupción sólo provoca que la comisión nazca muerta en términos de confianza pública», cuestionó el diputado cordobés de la UCR, Mario Negri.

En este marco, CLG dialogó con tres voces reconocidas del ámbito judicial rosarino y santafesino sobre el proyecto de Fernández:

Rafael Gutiérrez

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe se mostró a favor de la iniciativa presidencial: «Es un tema que ya se venía hablando, fundamentalmente la implementación del Código Procesal Penal que ya está en marcha únicamente en Salta y Jujuy. Esto implica un gran cambio en lo que es el proceso penal de la Justicia Federal y una organización del tipo nacional, porque van a tener que aumentar los defensores, los fiscales y toda la estructura edilicia».

«En el 2016 ya se había creado una comisión con el doctor Lorenzetti donde se habló de todos estos temas, fundamentalmente la preocupación de los jueces y camaristas federales de la falta de jueces e infraestructura para la lucha contra la droga, principalmente en el control de las fronteras», agregó.

Además, destacó la creación de la Justicia Federal porteña: «Me parece conveniente el traspaso de una vez por todas de los jueces nacionales de Capital Federal en los distintos fueros a lo que es la justicia de Caba».

Por otra parte, Gutiérrez se refirió a la descentralización de Comodoro Py que busca el proyecto: «Indudablemente que el tema de Comodoro Py lo habla el país entero, no representa una Justicia muy confiable. Es conveniente que las competencias sean en una gran mayoría de jueces, distintos a los que están ahora».

«Acá lo único que hay que nombrar es a jueces con capacidad e independencia, para que haya garantías y que no estén cambiando los criterios según el gobierno de turno», concluyó.

Arturo Araujo

El ex presidente del Colegio de Abogados de Rosario comenzó analizando el presente de la Justicia Federal: «Hay una aclaración previa que hay que hacer que desde mi punto de vista es fundamental: algo hay que hacer. Me refiero a la Justicia Federal, Capital Federal y Comodoro Py. Todo lo que se diga de la justicia en general es aplicable a Comodoro Py. Sería injusto decir que Comodoro Py se repite en Rosario, Córdoba o la provincia de Buenos Aires. Hoy la Justicia Federal y Provincial de Rosario todavía tienen un concepto favorable, pero Comodoro Py es un desastre, hay que inducir cambios».

Sin embargo, cuestionó los distintos proyectos de los gobiernos nacionales: «El problema es que cuando se introducen cambios en Argentina responden a la hegemonía del Poder Ejecutivo de turno, sin distinciones. Menem hizo la Corte que le gustaba a él para protegerse, y así sucesivamente. Todos los gobiernos buscan tener su Corte, esta es la preocupación que uno tiene cuando analiza el tema de forma imparcial».

Con respecto a la iniciativa de Fernández, Araujo señaló: «Los intereses parecerían muy concretos y con nombre y apellido, de proteger o beneficiar determinadas situaciones. Si soy Presidente de la Nación no puedo llevar a ese abogado (Beraldi) para que encabece la comisión, cuando es el abogado de la ex Presidenta, porque hay intereses personales que se contraponen con los intereses institucionales. Desde ese punto, arrancamos mal. A lo que hay que apuntar es a la independencia del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo».

Sin embargo, el abogado rosarino destacó algunos puntos del proyecto: «La medida de ampliar la dotación de jueces de Comodoro Py me parece perfecto, porque hay una camarilla de jueces federales de primera instancia que son un desastre, que han hecho cosas deleznables. Han exhibido que responden al gobierno de turno. Ayer eran causas que no debían activarse, cuando vino Macri eran causas que había que activar y ahora son causas que hay que desactivar. La comunidad no quiere una Justicia parcial que responda a los intereses del gobierno de turno».

«No veo la necesidad de la ampliación de la Corte. Si dijeran que la necesidad es que las decisiones de la Corte tienen que salir rápido, para mí sería extraordinario, pero nadie dice eso», concluyó.

Victor Corvalán

El abogado penalista y docente universitario rosarino coincidió en la necesidad de un cambio: «No sé si el Presidente tiene que claro lo que quiere reformar o si lo que quiere es tener asesoramiento de qué corresponde reformar. Lo que está claro es que como está el asunto hoy, no va, hay que hacer una reforma».

«Hay muchas opiniones sobre si hay que poner más miembros en la Corte, si hay que dividirla en salas; hasta dónde tiene que ser autónomo el Ministerio Público Fiscal, hasta dónde el Consejo de la Magistratura, que hace muchos años perdió su capacidad de administrar el Poder Judicial. Todas estas cosas son temas que se vienen discutiendo hace muchísimos años», añadió.

En ese sentido, Corvalán destacó la intención de poner en marcha el sistema acusatorio en todo el país: «En materia penal la cosa está muy clara porque lo que tiene que hacer es poner a regir el nuevo Código Procesal Penal federal, que ya está funcionando en Salta y Jujuy, y se espera que empiece a funcionar en la competencia de la Cámara Federal de Rosario».

«En la Nación se ha definido respetar la Constitución y poner un modelo procesal penal coherente que es el que se conoce como acusatorio, aquel que distingue perfectamente la función del juez, el fiscal y la defensa. Eso, que Santa Fe tiene desde el 2014 funcionando a pleno, también lo tienen otras provincias. Ahí está claro el tema», agregó.

«No puede ser que la Constitución se aplique sólo en Salta, Jujuy y Rosario, es un reconocimiento a que todo el resto del país vive en la inconstitucionalidad. Hay que ponerlo a regir en todo el país y punto, lo que pasa es que esto implica una quita de poder a los jueces que muchas veces son los que hacen lobby para que esto no salga», concluyó.