El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires brindó un informe sobre la situación del Covid-19 en las residencias para ancianos
Al menos 45 contagios y nueve muertes se registraron desde que comenzó la pandemia de coronavirus en los 1.000 geriátricos que están habilitados en el territorio bonaerense, de acuerdo a un informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires al que tuvo acceso la agencia de noticias Télam.
La cartera sanitaria que conduce el ministro Daniel Gollan precisó que se trabaja junto a los 135 municipios en diversas medidas para la prevención y ante la posible aparición de casos de Covid-19 en las residencias que funcionan para adultos mayores.
La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del ministerio de Salud, Leticia Ceriani, explicó hoy a Télam que ante el incremento de casos de coronavirus, el gobierno implementará «un cambio de estrategia» para esas instituciones cerradas o semicerradas con una «vigilancia más activa».
Además, detalló que «resolvimos que, desde ahora, cuando haya un caso positivo, se seleccionará a un grupo de personas de la institución y se les tomarán muestras tengan o no síntomas» y señaló que «en función del resultado, se verá si es necesario seguir hisopando al resto de los adultos mayores y del personal del lugar».
La funcionaria especificó que «es una forma de adelantarnos y evitar la propagación del virus».
Ceriani dijo que al asumir la actual gestión, se detectó que existen unos 1.000 establecimientos para adultos mayores habilitados y otros 2.000 clandestinos y expuso que «nuestra idea no es salir a clausurar masivamente en este contexto porque se genera un problema con las personas que residen allí, entonces lo que hacemos es fiscalizar que las condiciones sean dignas y preventivas para que no haya brote».
Con el objetivo de regularizar esa situación, el Poder Ejecutivo envió ayer un proyecto de ley a la Legislatura bonaerense que busca declarar el estado de emergencia sanitaria de los establecimientos geriátricos de gestión pública y privada mientras persista el estado de emergencia.
En caso de sancionarse, el ministerio de Salud y los municipios deberán empadronar, relevar y fiscalizar los geriátricos, «regularizando de forma progresiva todos aquellos que no cuenten con habilitación vigente» y mientras tanto, la provincia «podrá permitir el funcionamiento excepcional, precario y transitorio».
Para ello la propuesta parlamentaria determina requisitos mínimos de capacidad ocupacional, higiene, alimentación, personal, normas de seguridad, historias clínicas y cumplimientos de protocolos.
«La idea es otorgar habilitaciones provisorias para que funcionen ahora con las condiciones necesarias de higiene y seguridad, y que luego presenten la documentación para habilitación definitiva», afirmó la Subsecretaria.