Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155; es decir la mitad del cuerpo más uno
Quince diputados de toda la oposición chilena formalizaron este miércoles el inicio de la acusación constitucional con fines de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, severamente cuestionado por su presunta vinculación con la venta de una minera a través de paraísos fiscales revelada en la investigación de los Pandora Papers, por la que el mandatario también debe afrontar una causa en la justicia penal.
Los legisladores presentaron y firmaron esta mañana el texto acusatorio en la Cámara de Diputados y mostraron su confianza en que la iniciativa pueda ser tratada y votada en la primera semana de noviembre.
Para ser aprobada en Diputados, la acusación debe tener 78 votos a favor sobre 155, es decir, la mitad más uno del cuerpo, lo que augura un éxito seguro en esa instancia. Sin embargo, una vez cumplida esa meta pasará al Senado, donde sólo podrá ser convalidada si reúne al menos dos tercios de los votos (29 de 43 legisladores), cifra que no se alcanzará sólo con los votos de la oposición.
Si bien el oficialismo aparece fragmentado e inmerso en la campaña con vistas a las elecciones presidenciales del 21 de noviembre próximo, sus principales figuras han cerrado filas en defensa del mandatario, con lo cual es improbable que la acusación llegue a buen puerto.
De hecho, el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, afirmó este miércoles por la mañana que la acusación constitucional es «un golpe de Estado blanco que daña la institucionalidad» y le adjudicó a los legisladores opositores intencionalidad electoral tras la denuncia.
El abogado constitucionalista Javier Couso evaluó en diálogo con Télam que esta circunstancia no es desconocida para la oposición, lo cual indica que la finalidad de la presentación es propinarle al mandatario un impacto político, en medio de la situación por demás frágil por la que atraviesa.
Piñera decretó el martes un Estado de Excepción Constitucional por Emergencia durante 15 días, con la participación de las Fuerzas Armadas, ante la «grave alteración del orden público», como definió a las protestas de comuneros mapuches en las provincias de Biobío y Arauco, de la Región del Biobío; y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de La Araucanía, medida que ocasionó un fuerte rechazo de las autoridades de las zonas mencionadas y de líderes opositores.
Todo ello, a pocas horas de una marcha de pueblos originarios celebrada el domingo último en Santiago en la que una activista de derechos humanos murió a causa del impacto de un proyectil, sin que se sepa aún con certeza si fue víctima de las fuerzas de seguridad o si -como afirma la policía- fue alcanzada por fuegos artificiales lanzados por manifestantes.
En paralelo, el viernes pasado la justicia aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra Piñera sobre negocios en paraísos fiscales. El texto acusatorio propone iniciar un juicio político contra el mandatario «por los actos de su administración que comprometieron gravemente el honor a la nación y por haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes».
El documento ingresó a trámite con firmas de 15 parlamentarios de los partidos: Socialista (centroizquierda), Radical (centroizquierda), Por la Democracia (centroizquierda), Comunista (izquierda), Nuevo Trato (centroizquierda), Frente Regionalista Verde Social (izquierda), Comunes (izquierda), Revolución Democrática (izquierda), Convergencia Social (izquierda), Acción Humanista (izquierda), Humanista (izquierda), Ecologista Verde (izquierda), Unir y Democracia Cristiana.
Se espera que la Cámara de Diputados vote la iniciativa los primeros días de noviembre, y de aprobarse y ser ratificada en el Senado, Piñera sería destituido de su cargo -que debe dejar el 1 de marzo del año próximo- y no podría ocupar un puesto público durante los próximos cinco años.
El texto acusatorio recibirá ahora una primera revisión de parte de una comisión formada por sorteo por tres diputados independientes, una opositora y otra oficialista que deberá esperar hasta 10 días que el mandatario envíe su defensa, que podrá llegar escrita o personal a través de sus abogados, y luego de eso tendrá otros seis para resolver y emitir un informe -no vinculante- a la Cámara, recomendando rechazar o aprobar la acusación.
El 3 de octubre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) publicó una investigación denominada Pandora Papers en que se acusa a distintos líderes mundiales de esconder sus fortunas para no pagar impuestos en sus respectivos países.
En ella se demostró que en 2010, mientras ejercía su primer mandato (2010-2014), las empresas de Piñera vendieron la propiedad de uno de los proyectos mineros más importantes y ambiciosos del último tiempo en el país, Minera Dominga, en una transacción realizada en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Las empresas del presidente, administradas por sus propios hijos, vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, uno de los empresarios más importantes del país y el mejor amigo del mandatario.
La investigación reveló además que una de las condiciones para realizar la transacción era que el terreno donde se emplaza el proyecto no fuera declarado reserva natural, una decisión que depende del mismo presidente de la República y que hasta la fecha no ha ocurrido.
El mandatario se defendió diciendo que nunca supo de esta transacción, argumentando que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.