La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, afirmó el viernes que las «principales instituciones y el estado de derecho en Venezuela estaban erosionados».
«El ejercicio de la libertad de opinión, de expresión, de asociación y de reunión, y el derecho a participar en la vida pública, comporta un riesgo de represalias y de represión», declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la presentación de su informe sobre Venezuela, publicado la víspera.
«Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos, la violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas», agregó la Alta Comisionada.
Bachelet afirmó que la «fuerza excesiva y mortífera fue utilizada en varias ocasiones contra los manifestantes». También puso de relieve el «recurso excesivo a la fuerza en el marco de operaciones de seguridad llevadas a cabo por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) con múltiples asesinatos, principalmente de hombres jóvenes».
«Muchos de ellos pueden constituir ejecuciones extrajudiciales», aseguró. En su informe, Bachelet pide a Caracas «disolver las FAES», una unidad de intervención contra el crimen organizado creada en 2017, y el establecimiento de un «mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad».
El informe indica que en 2018, 5.287 personas fueron asesinadas en casos supuestamente por «resistencia a la autoridad», según el gobierno, durante estas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de este año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según Caracas.
Venezuela atraviesa una profunda crisis política con el pulso entre el presidente Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento autoproclamado presidente interino y reconocido por unos 50 países.