La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) dio a conocer un informe sobre las pasadas elecciones en Honduras en el que denuncia «una fuerza excesiva, incluso letal» de las fuerzas de seguridad para controlar las protestas originadas tras los comicios que dejaron un saldo de 23 muertos, publicado hoy en la prensa local.
En ese sentido, según este organismo internacional, al menos unas siete personas murieron por disparos en la cabeza, «casos que suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales», cita el informe.
Asimismo, se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, el 27 de enero.
De tal forma, se señala que al menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas, 16 de estas víctimas -entre ellas dos mujeres y dos niños- resultaron muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.
El informe de la Oacnudh destaca, citado por el diario Tiempo Digital que hasta el 27 de enero no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
También señaló que unas 1,351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción.
Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación «resultando en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación».
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron «en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009. Y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social», cita el texto.
El documento pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas.
Asimismo, Naciones Unidas pide que se regule el uso de la fuerza por parte de todos los cuerpos de seguridad.
De igual forma, se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.
En ese sentido, según este organismo internacional, al menos unas siete personas murieron por disparos en la cabeza, «casos que suscitan serias preocupaciones y podrían equivaler a ejecuciones extrajudiciales», cita el informe.
Asimismo, se detallan las violaciones de derechos humanos ocurridas entre el día de la votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del presidente Juan Orlando Hernández, el 27 de enero.
De tal forma, se señala que al menos 22 civiles y un agente de policía murieron durante las protestas, 16 de estas víctimas -entre ellas dos mujeres y dos niños- resultaron muertas por disparos de las fuerzas de seguridad.
El informe de la Oacnudh destaca, citado por el diario Tiempo Digital que hasta el 27 de enero no se habían presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación con las muertes y lesiones ocurridas.
También señaló que unas 1,351 personas fueron detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre, acusadas de violar el toque de queda impuesto en el marco del estado de excepción.
Según el informe, los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación «resultando en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación».
Las violaciones de derechos humanos descritas en este informe se produjeron «en el contexto de una crisis política, económica y social heredada desde el golpe de Estado militar de 2009. Y por la demora en realizar las reformas necesarias en los ámbitos institucional, político, económico y social», cita el texto.
El documento pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas.
Asimismo, Naciones Unidas pide que se regule el uso de la fuerza por parte de todos los cuerpos de seguridad.
De igual forma, se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el contexto de las elecciones.